Análisis. Adorni y la definición argentina de lo que es ser un "chorro"

"No soy un chorro", dijo Manuel Adorni el miércoles por la noche. Sus palabras, que impactaron en un país que esperaba explicaciones sobre su patrimonio, abrieron muchas discusiones. Sin olvidar que el crecimiento patrimonial de un funcionario público es un tema delicadísimo, también es momento para hacernos una pregunta incómoda en relación con la naturaleza de nuestra convivencia social.

Al reconocer abiertamente que había evadido impuestos (los famosos U$S 500 mil que no declaró para "protegerse de la vieja política"), Adorni impactó de lleno en el corazón de la argentinidad económica. Porque no se trata solamente de cuánto debe cobrar el Estado ni de si la presión impositiva resulta excesiva o injusta.

La discusión, a partir de la frase, se desplaza hacia otro lugar. ¿Qué entendemos los argentinos por delito y por robo? ¿Y quién merece ser considerado un ladrón o, como dijo Adorni, "un chorro"?

Durante décadas, los argentinos construímos una imagen clara del "chorro". Es quien roba una billetera, entra a una casa o vacía la caja registradora de un comercio. El ladrón era alguien que toma algo que le pertenece a otro, sin autorización.

Lo interesante y preocupante es que el razonamiento planteado por Adorni introduce una excepción llamativa. Si alguien no paga impuestos, no está necesariamente apropiándose de algo ajeno. O al menos no estaría incurriendo en una conducta moralmente comparable a la del ladrón.

El tema es que detrás de esa idea, vieja y conocida en nuestro país, ahora aparece un presidente, Javier Milei, que la transforma en política de Gobierno, donde el Estado no es visto como un propietario legítimo de esos recursos. Según el Presidente, el impuesto deja de ser una obligación colectiva para convertirse en una extracción forzada. Así que si alguien esquiva esa obligación la acción pierde parte de su carga moral.

La consecuencia de esa mirada me resulta fascinante. Si el Estado es una entidad que toma recursos de manera abusiva, quien evade impuestos deja de parecer un infractor y adquiere rasgos de resistencia. El evasor ya no se asemeja al delincuente, sino que se transforma en un rebelde. Que no roba, se defiende (y los argentinos somos expertos en encontrar siempre una justificación para evadir).

La paradoja aparece cuando esa idea sale de boca de un funcionario público. Porque Adorni no habló como inversor privado o periodista especializado en criptomoneda. Lo hizo como jefe de Gabinete de Ministros, en nombre de una administración que recauda impuestos todos los días y como integrante de un aparato estatal que necesita que los ciudadanos cumplan con las obligaciones para que se desarrolle la vida de 47 millones de personas.

Allí surge una contradicción difícil de ignorar, porque vuelve imposible cualquier desarrollo como nación.

Si no pagar impuestos no constituye una forma de apropiación indebida, ¿sobre qué fundamento moral se sostiene la exigencia de pagarlos? Si el evasor no merece un castigo, ¿por qué existe una estructura, gigante, de fiscalización como Arca? Y si la conducta no es equiparable a una falta grave, ¿qué sentido tiene perseguirla y castigarla?

Toda sociedad necesita construir consensos mínimos, y para eso está el derecho. Pero cuando un gobierno comienza a cuestionar la legitimidad de las normas que él mismo administra, y que dictó, el problema es imposible de solucionar.

La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en Argentina, un país donde la relación entre Estado y contribuyentes ha quedado marcada históricamente por la desconfianza y la evasión. Muchísimos consideran que pagan demasiado y reciben poco; sin olvidar que otros tantos sospechan (y comprueban) que el dinero público termina financiando privilegios políticos... Que financia a “la casta”.

Sobre ese terreno fértil prosperó la narrativa libertaria, que, vale decirlo, no necesitó inventar un malestar que ya existía. El problema es que ahora lo reinterpreta desde el propio Estado. Adorni toma una frustración real y ofrece una conclusión radical que busca incluir a todos los que viven en este país: al final, el problema central es el Estado en sí mismo.

El riesgo aparece cuando esa lógica se lleva al extremo. Porque un país no puede existir como la suma de personas que sólo buscan proteger su patrimonio privado. Una comunidad requiere algún mecanismo para financiar bienes y servicios comunes. Lo vemos a diario cuando salimos a las rutas y rompemos el auto, o cuando nuestros padres y abuelos van a las clínicas prestadoras de Pami. "No hay plata", nos dice Milei. Y la paradoja es que no la hay porque gente como Adorni decidió no pagar sus impuestos.

La discusión, entonces, deja de ser económica y se vuelve filosófica. ¿Qué diferencia existe entre llevarse una billetera ajena y quedarse con recursos cuya entrega está obligada por ley? Para algunos, toda la diferencia. Para otros, como Adorni, ninguna.

La pregunta final no es si evadir impuestos convierte a alguien en un ladrón. La pregunta inquietante es qué ocurre cuando quienes gobiernan empiezan a describir las obligaciones que administran como si fueran inaceptables. Un Estado puede reducir impuestos, simplificarlos o eliminarlos. Lo que no se puede es gobernar un país después de convencer a una parte importante de la sociedad de que cumplir con las reglas constituye una ingenuidad, y esquivarlas, una muestra de lucidez.