50 años del golpe. 1976, clima de época
Desde 1973, Córdoba daba señales de lo que vendría luego: fue la antesala del inicio de la última dictadura militar.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el sexto golpe de Estado del siglo pasado, una saga infausta que impuso la alternancia de gobiernos constitucionales y dictaduras desde 1930 en adelante.
En Córdoba, el huevo de la serpiente se había incubado mucho antes de esa fecha. La provincia era, a ojos de los halcones de la época, una suerte de meca de la subversión propicia para puebladas como el Cordobazo, militancia gremial y estudiantil y accionar de las organizaciones armadas.
La primavera democrática de 1973 duró poco en suelo cordobés: en febrero de 1974, una asonada urdida por el jefe de Policía –el Navarrazo– derrocó a las autoridades constitucionales. Después, la provincia estuvo intervenida los siguientes dos años, sumida en un ambiente represivo más intenso que en el resto del país. Entre las primeras víctimas cordobesas de la represión ilegal, figuran el abogado Alfredo Curutchet y Atilio López, el vicegobernador depuesto. Ambos cayeron bajo las balas de la Triple A en septiembre de 1974.
Este proceso se radicalizó cuando el poder recayó en manos de la temible dupla conformada por el interventor federal Raúl Lacabanne y por el jefe de Policía, Héctor García Rey. Pese a que aún funcionaban las instituciones, se vivía en Córdoba un verdadero “estado policial”. Los mandobles de uno y de otro lado se cruzaban con la sociedad en medio. Fue una época oscura; las delaciones y persecuciones estaban a la orden del día, especialmente en fábricas, en facultades y en reparticiones públicas. En las calles se vivía un clima de violencia latente; los atentados se sucedían a diario y la vida cotidiana era frecuentemente alterada por sucesos que ponían en vilo la seguridad de las personas.
Esa espiral de intolerancia fue en aumento y, concomitantemente, la represión ilegal se desplegó en toda su magnitud en el año 1975. Uno de los primeros atentados intimidatorios fue, en enero de ese año, la voladura de la planta impresora de La Voz del Interior, en el barrio de Alta Córdoba. “Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses”, era la amarga conclusión del editorial de ese mismo diario del 15 de marzo de 1975.
En los meses siguientes, se incrementó la actividad del tristemente célebre Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A, cuya mixtura entre militares, policías retirados y civiles era su característica distintiva.
El D-2, Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, funcionaba en el edificio del Cabildo Histórico frente a la plaza San Martín. Allí se interrogaba y se torturaba a los detenidos que luego eran derivados a la Unidad Penitenciaria de barrio San Martín o al Campo de la Ribera, el centro de detención clandestino de la provincia que funcionaba en las inmediaciones del cementerio San Vicente.
Las autoridades negaban cualquier vinculación con las bandas parapoliciales, pero no las investigaban ni las perseguían; reinaba completa impunidad para sus tropelías avaladas por jueces complacientes. En septiembre de 1975, asumió como interventor Raúl Bercovich Rodríguez, un dirigente de la ortodoxia peronista, en tanto que el general Luciano Benjamín Menéndez asumía la comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército.
Los secuestros de personas también comenzaron antes del golpe de 1976, según consta en el informe de la delegación Córdoba de la Conadep. En la madrugada del 7 de enero de ese año, hubo una veintena, contándose entre las víctimas que jamás aparecieron delegados gremiales, profesionales y estudiantes secundarios y universitarios.
Todo preanunciaba el fatal desenlace que sellaría el fracaso de la dirigencia democrática para poner freno a la escalada de violencia dentro de la ley y la impotencia de la sociedad frente a un nuevo avasallamiento de las instituciones ejecutado, como otras veces, por las Fuerzas Armadas con apoyo o complacencia de sectores civiles y corporativos. Lo que no se avizoraba era la extrema crueldad de lo que vendría.
El 24 de marzo de cada año, en la República Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecido por ley 25.633 del año 2002. La fecha invita a reflexionar sobre todo lo antedicho, no para reabrir heridas de ese pasado reciente ni para espolear rencores, sino para reafirmar la plena vigencia de la democracia, de los derechos y garantías constitucionales y de las instituciones republicanas. Para que Nunca Más…
