Yo quiero que le vaya bien al gobierno

“Yo quiero que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos”. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Es una expresión ritual para dejar claro en un diálogo público que no se es un fanático, un odiador, un talibán o un ser del mal, sino una persona equilibrada en sus juicios, ecuánime, racional.

Forma parte de los rituales de la corrección política, que frecuentemente desdibujan los términos de la discusión pública.

¿Es realmente así? La frase se funda en la idea clásica de que quien asume la función del gobierno debe hacerlo animado por una voluntad exclusiva de proveer al bien común y al interés público. Este principio es incontrovertible en el plano prescriptivo (que dice lo que hay que hacer, lo que debe ser) pero no siempre se realiza, se verifica en la práctica.

Es posible que el gobierno no persiga el bien común. Cuando se consigue, el poder puede usarse para muchas cosas: unas buenas, otras no tanto. Aquí nos vamos a centrar en dos lógicas que operan en el seno de todo gobierno. No son las únicas, pero son las que nos interesan para lo que queremos explicar.

Una es la lógica del bien común o el interés público. Es la lógica más propiamente política. Otra es la lógica del gobierno, que aspira a mantenerse en el poder por el mayor tiempo posible. Es la lógica del poder. Política y poder poseen una relación fin-medio. Eventualmente, el gobierno puede buscar su propio bien, entendido como continuidad en el poder, en detrimento del bien común o interés público.

Vamos a un ejemplo: un gobierno inicia un ambicioso programa de reformas económicas bastante dolorosas. Los beneficios de esas reformas se demoran más de lo previsto en ser percibidos. O bien su política económica no termina de dar los resultados esperados.

El caso es que se vienen encima las elecciones y el gobierno se arriesga a perderlas. Entonces decide lanzar unas medidas que atenúan el ajuste, o contrarias a las ya tomadas, para no perder apoyo electoral. Eso implica aumentar el gasto público, desequilibrando los indicadores macroeconómicos y poniendo en riesgo la arquitectura general del plan económico.

¡El gobierno consigue ganar las elecciones! Pero tiene que retomar los objetivos suspendidos. El plan empieza a sufrir por las decisiones erráticas (electorales) del gobierno y pierde credibilidad. El gobierno empieza a tomar medidas drásticas, el plan se cae.

¿Suena conocido? Es una de las líneas argumentales principales de la historia argentina de los últimos 70 años. Al gobierno “le va bien” (renueva) mientras que al país (a todos, o sea) le va pésimo. La lógica del gobierno no es idéntica a la lógica del bien común/interés público. Pueden incluso oponerse.

Otro ejemplo, que conocemos bien. Con el pretexto de fondear el gasto público, el gobierno decide aumentar los impuestos. La presión fiscal amenaza con meter a la economía en una recesión. Súbitamente, por una serie de acontecimientos en el plano internacional, las exportaciones del país multiplican su valor.

Se produce un enorme ingreso de divisas al país, que tiene por efecto la reactivación de la economía. Al gobierno le termina “yendo bien” (se salva) y hasta parece que nos va bien a todos, pero no bien los precios vuelven a su nivel habitual, los desequilibrios se manifiestan nuevamente en su más cruda versión.

Analicemos la frase desde el ángulo opuesto. El gobierno acierta en sus políticas, “le va bien”, logra implementar esas reformas económicas según la lógica del bien común/ interés público. ¿Eso quiere decir que “a todos nos va bien”? Quizá sí, en el largo plazo. Pero no es necesariamente así. Es probable que la lógica del bien común/interés público afecte intereses particulares, incluso legítimos y razonables.

Imaginemos que las políticas en curso incluyen una reforma que permita aumentar la empleabilidad, bajando los costos laborales. Esa reforma seguramente afectará los intereses de la burocracia sindical. O bien se trata de fomentar la competencia comercial abriendo las importaciones. Las empresas locales tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones, renunciando a la rentabilidad que les permitía obtener un mercado protegido. Ni a los sindicalistas ni a los empresarios les va a “ir bien”, aunque esa política esté en sintonía con el interés público.

De modo que la tan difundida frase, que parece evidente y que hay que decir o adoptar porque si no uno pasa por talibán o faccioso, ni es evidente ni tenemos por qué aceptarla de forma incondicional. En realidad, forma parte del analfabetismo político en el que se mueven muchos comunicadores, analistas y hasta académicos.

Es perfectamente aceptable, e incluso es prudente desear que al gobierno (este o cualquier otro) no le vaya bien, sobre todo si tenemos la razonable evidencia de que sus políticas están destinadas al fracaso. Las cosas por su nombre.

*Profesor de Filosofía Política