Niñez en peligro. Otra vez, y otra vez, y otra vez

En noviembre de 2024, conmovida por el caso de Aralí, escribí algunas reflexiones que hoy, frente a lo sucedido en Cosquín, vuelven a tener lamentable actualidad.

La evitable muerte de Aralí; el abuso perpetrado por un adolescente sobre un niño en una residencia; el calvario de un niño maltratado por su madre, han vuelto a poner en escena la discusión sobre la responsabilidad del Estado en la atención de la niñez vulnerada.

Estos casos, y hoy el de Lara, ponen de manifiesto una negligencia rayana en lo criminal. Y me hago cargo de lo que escribo.

Porque Senaf, el organismo responsable del “Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba”, no es una entelequia: es un organismo del Estado en el cual hay líneas jerárquicas y de responsabilidad. Puede ser que el operador en territorio se equivoque una vez, que un caso complicado lo lleve a una decisión errada. Puede ser.

Pero si los casos se multiplican (como nos consta que sucede, porque cito sólo estos de los muchos sucesos que llegan a nuestro conocimiento, y porque ya han tenido trascendencia pública), hay que identificar no sólo a quienes fueron negligentes en el primer escalón de intervención, sino también a sus superiores.

La ley 9.994 establece que “Los organismos del Estado provincial, municipal o comunal tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas”.

Si no se cumple esa responsabilidad indelegable de los funcionarios de la Senaf de controlar y garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, debe haber consecuencias para los responsables. Si no se destinan recursos suficientes, también. Si no, es letra muerta y la consecuencia es, como volvemos a comprobar con dolor, la muerte de los inocentes.

Debe haber consecuencias para los responsables que por su negligencia e indiferencia permiten que sucedan muertes evitables; que ignoran el sufrimiento de los niños maltratados; que dejan que sigan a la intemperie tantos menores.

La intemperie en que el Estado dejó a Lara, la niña de Cosquín, la llevó a la intemperie real y a la muerte.

Hace más de un mes que cesó el mandato de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba. Al momento de su nombramiento, ya se sabía la fecha en que terminaba. ¿En cinco años, ni el Poder Ejecutivo ni la Legislatura pudieron prever que debían activar con tiempo el proceso para que no quedara acéfalo ni un día un organismo de tanta importancia? También allí hay responsables, personas concretas que tienen un deber constitucional que no cumplen, porque a la hora de buscar la persona que mejor puede llevar adelante esa tarea se priorizan intereses partidarios y conveniencias particulares, no el interés superior del niño.

No faltan organismos encargados de velar por nuestros niños: falta poner la cabeza, el corazón y las manos para hacerlo de verdad.

Hace un año y medio escribía casi exactamente lo mismo. ¿Cuántas Aralís, Brunos, Laras más tendrán que sufrir para que esto se revierta?

*Legisladora provincial mandato cumplido