Verdadera urgencia: reparar las instituciones
Nuestro riesgo país, de los mayores en la región, no tiene explicación fiscal o externa, sino en el mal funcionamiento de las instituciones. Javier González Fraga.
Hay evidentes distorsiones y desvíos en la evolución de la economía, pero la fuerza del viento de cola del contexto internacional es tan grande que nuevamente, como en 2007, estamos entrando en la recta final de la contienda electoral sin que la cuestión económica sea el eje central del debate. Los problemas económicos, como la inflación y la falta de inversión, que afectan cotidianamente la calidad de vida de los argentinos, tienen sus causas en cuestiones no estrictamente económicas.En efecto, la inflación, superior al 23 por ciento y que tanto niega el Gobierno nacional, tiene su origen en problemas de oferta derivados de los atropellos, cambios de las reglas de juego, intervenciones imprevistas y otras acciones que han determinado un mal clima de negocios.Más de la mitad de la inflación de 2010 se explica por los aumentos de los precios de la carne, del pan y de los lácteos, y es consecuencia de la escasez de oferta por las restricciones a las exportaciones que, desde el comienzo de 2006, han sufrido los ganaderos, lecheros y productores de maíz y trigo. También muchos sectores industriales se niegan a invertir o a aumentar la producción, a pesar de tener demanda, ante los posibles problemas sindicales y de abastecimiento energético y la incapacidad de importar insumos. Todo esto conduce a atrasos en las entregas y consecuentes aumentos de precios.Asimismo, genera inflación la anarquía de expectativas por la inexistencia de un Indec creíble. Además, esto imposibilita a la conducción económica plantear, como se hace en todo el mundo desde hace 20 años, metas explícitas de inflación. Esta ausencia de inversión productiva en las empresas más grandes tiene más que ver con cuestiones institucionales y de respeto a las leyes que con temas macroeconómicos. Con los superpoderes que permiten distorsionar el Presupuesto Nacional, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que modifican leyes, telefonazos que autorizan o frenan exportaciones e importaciones, y aprietes a economistas por decir lo que todo el mundo sabe, se genera un clima adverso a la inversión y, por lo tanto, proclive a la inflación. Nuestro riesgo país, de los mayores en la región, no tiene explicación en la cuestión fiscal o externa, sino en el mal funcionamiento de las instituciones. También es inexplicable el sexto lugar que ocupamos en recepción de inversión directa extranjera en la región, detrás de países como Perú, Chile y Colombia. El más preparado. ¿Quién está mejor preparado para reparar la cuestión institucional? Creo que es el radicalismo, y por eso he aceptado sumarme a la fórmula de la Unión para el Desarrollo Social, acompañando al candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, y a la fórmula de Oscar Aguad y Néstor Roulet en la provincia. Sólo el radicalismo, con sus 120 años de historia, tiene un compromiso con las instituciones que incluye un culto a una Justicia independiente, hoy tan echada de menos ante los abusos del Gobierno y la inoperancia de muchos jueces y fiscales. Es también con la ley en la mano que se frenarán licitaciones poco transparentes o las prácticas mafiosas de empresarios disfrazados de sindicalistas, con acciones que nada tienen que ver con la defensa del interés de los trabajadores. ¿Quién tiene menos compromisos con estas prácticas? ¿Quién tiene las manos más libres para reimplantar la vigencia de la ley y del orden? Algunos temen por la gobernabilidad ante el accionar sindical en el caso de un futuro gobierno radical. Pero, ¿es preferible soportar los aprietes que han sucedido en estos años, antes que una huelga general cada seis meses, que es lo que soportó Raúl Alfonsín? Creo que no, y mucho menos en un contexto de crecimiento y abundancia, a diferencia del prevaleciente en la década de 1980. Observemos el caso de la pobreza extrema, que afecta a casi 10 millones de argentinos, indignados porque ganan poco más del tres por ciento de lo que perciben los cuatro millones más ricos, con la consecuente herencia de una democracia clientelar y populista. ¿Quién estará más dispuesto a combatir la pobreza? Claramente, no los que lucran desde lo político con ella, mediante punteros que reparten favores pero no trabajo (para no quedarse sin seguidores). Una vez más, es el radicalismo el que está mejor posicionado para combatir con eficacia este flagelo que afecta de manera directa y especial a muchos argentinos, pero también a toda la sociedad. Nadie puede desconocer las banderas de la justicia social que ha levantado hace más de 50 años el justicialismo, pero los últimos años del kirchnerismo demuestran que no hay vocación de solucionar de raíz el problema de la pobreza, a pesar de los ingentes recursos disponibles.Por último, el próximo gobierno tendrá que recurrir a acuerdos con los otros partidos respetuosos de los valores institucionales para instrumentar políticas de Estado de largo plazo, para encarar la problemática energética, la cuestión agroindustrial, la infraestructura y la política exterior y de defensa, entre otros temas. El radicalismo tiene esa vocación de tolerancia y diálogo tan necesaria para transitar la etapa de reparación y reconstrucción republicana que tanto necesita nuestra Argentina.
*Candidato a vicepresidente de la Nación por la Unión para el Desarrollo Social.

