Una pesadilla de 20 asientos

Cuando Ramón Mestre aceptó participar del desafío del agua helada –el popular Ice Bucket Challenge–, nunca pensó que el peor baldazo le estaba por llegar.

Y no era, precisamente, con un fin benéfico como ayudar a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica.

Se trató de la imputación por defraudación a la administración pública, ante el supuesto desvío de subsidios que debían ir a la empresa municipal Tamse y que, en cambio, fueron cobrados por la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe.

Todo como consecuencia de una denuncia realizada por el concejal Daniel Juez, del Frente Cívico.

De comprobarse la existencia de delito, la situación adquirirá una gravedad inusitada. Por ahora, el trámite judicial tendrá por delante muchos pasos, entre ellos uno fundamental, que es la decisión del juez de hacer lugar o no al pedido del fiscal Gustavo Vidal Lascano.

Aun así, esto viene a confirmar, por si hacía falta, que el cambio en el sistema de transporte puede demostrarse bueno para los vecinos pero está rodeado de demasiadas improlijidades (cuando menos).

Y no es precisamente por los cambios que se pueden producir en las líneas, que afectan a los usuarios, sino por lo que se cocina dentro y fuera del Palacio Municipal.

Allá por marzo pasado, cuando estalló el escándalo de la financiera CBI que rozó a funcionarios municipales, Mestre dijo confiar en ellos y advirtió que si alguno era imputado, debía apartarse.

Luego vino una barrida de gabinete, a raíz de distintas denuncias.

Ahora es el propio Mestre el imputado. Pero él acepta que no puede regirse por el mismo principio.

Es que el poder de un funcionario es delegado por el intendente. Y el del intendente, en cambio, se asienta sobre la voluntad de quienes lo votaron, y media, en esto, el Concejo Deliberante.

Es allí donde, en caso de agravarse, debería resolverse la situación.

Aunque hoy todo parece muy lejano, conviene detenerse en la lectura del artículo 120 de la Carta Orgánica municipal, en su literalidad:

Artículo 120. “Cuando la autoridad judicial atribuya al intendente, viceintendente, concejales o miembros del Tribunal de Cuentas la comisión de un delito, y obrare en los actuados requerimiento firme de elevación a juicio, el Concejo Deliberante, previo valorar la incidencia funcional del hecho imputado, puede suspender al funcionario de que se trate con el voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante”.

Ahora podrían definirse tres cuestiones centrales.

Primero, no hay requerimiento firme de elevación a juicio.

Segundo, debería “valorarse” cómo impactaría esto en la actuación del intendente.

Tercero, el radicalismo tiene una mayoría que le permite bloquear cualquier intento opositor por buscar los dos tercios de los votos.

Luego de la imputación a Mestre, el juecismo denunció que la “maniobra” se hizo con otros 14 vehículos, pero para el municipio el problema se limita a una cuestión burocrática: la Nación está atrasada en actualizar las declaraciones juradas. Es decir, se anotaban a nombre de una UTE que ya no existía. El secretario de Transporte, Ferreyra, atribuyó esto a “una gran confusión”.

Ni siquiera hace falta esperar a que se escriba el próximo capítulo: eso le viene a sumar un problema más a una gestión ajada, tempranamente desgastada.

Una administración que apostó a que los cambios en el sistema de transporte la iban a poner en la punta del viento.

Pero al final estos se convirtieron en su principal talón de Aquiles.

Las dificultades iniciales del nuevo sistema causaron malestar en la gente. Pero cuando eso pareció encarrilarse, aparecieron las dificultades políticas, con las denuncias.

Entre ellas, la que obra en manos del fiscal provincial Anticorrupción, Hugo Amayusco, quien investiga al intendente, el viceintendente y el ex secretario privado Pablo Ostanelli por viajar a Corrientes a cuenta de la empresa Ersa, a la sazón una de las concesionarias del transporte.

La misma empresa que, tiempo después, se quedó con parte de las líneas que retiraron a Ciudad de Córdoba, cuando la quitaron del sistema.

Desde el punto de vista político, todo esto deja al radicalismo complicado.

De entrada, el Comité Capital sólo atinó a emitir un breve comunicado en el que echa la culpa a las administraciones anteriores, pero nada dice sobre la imputación concreta.

Algunas horas después, apareció fuerte el Comité Provincia del partido: puso todo bajo el marco de un ataque que, se supone, Mestre estaría recibiendo de parte del gobernador José Manuel de la Sota y del exintendente Luis Juez.

¿Cómo lograron alinear a dos enemigos irreconciliables como De la Sota y Juez detrás de esta supuesta conspiración?

Acusaron al fiscal Vidal Lascano de tener “un vínculo funcional e ideológico con su antiguo jefe, De la Sota” porque fue fiscal General de la Provincia.

Y recordaron que el secretario del fiscal, Daniel Maldonado, fue funcionario de Juez en la Municipalidad de Córdoba.

“Están tan complicados en los tribunales, que tratan de llevar todo al plano de lo político”, consideró un allegado a De la Sota. Hasta ahora, este último no ha dicho palabra alguna al respecto.

Los radicales del Comité Provincia tienen una respuesta más que no pusieron por escrito: “De la Sota empujó esta medida porque así dinamita el más mínimo atisbo de una posible alianza con Juez”.

Profecía cumplida: el viernes, Juez cerró toda posibilidad de acuerdo con la UCR y la abrió con el macrismo.

En el radicalismo no todos estuvieron de acuerdo con repartir a troche y moche, en particular porque ponen a la Justicia en la línea de duda. “Esperemos que no vengan con un mandoble”, dicen.

Además, cuestionaron que la defensa se haya enarbolado a partir de lo que el partido considera buen posicionamiento provincial de Mestre, cuando aún nadie definió si va a ser el candidato o si hay otros en la largada.

Por cierto, es la primera vez que el radicalismo embiste de manera tan directa contra De la Sota.

La UCR está junto a Mauricio Macri en apoyo a uno de los candidatos con más posibilidades en la elección municipal de hoy en Marcos Juárez.

Se trata de Pedro Dellarossa, quien enfrenta como principales oponentes a Daniel Fragazzini, del justicialismo, con el respaldo de De la Sota, y al vecinalista Horacio Latimori.

¿Servirá este experimento para que el PRO y la UCR extiendan el acuerdo al ámbito provincial?

En el macrismo, dicen que siguen con atención la situación de Mestre y que, por ende, aún no dan ningún paso en ese sentido, más allá de los acuerdos más específicos con Oscar Aguad y con el intendente de Río Cuarto, Juan Jure.

La campaña para 2015 está en su etapa inaugural y esa es, a la luz del documento radical, la causa central de todos los males que le achacan al intendente.

Cuando los tiempos electorales se acercan, la política mira con atención a los tribunales: las denuncias suelen ir y venir con mucha frecuencia.

Aunque algunas aparezcan de pronto y caigan como balde de agua helada sobre algún funcionario.