Un avance contra la corrupción

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso con el objetivo de establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas recibió, hace poco, media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata de una normativa complementaria del Código Penal, que regula sobre delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho trasnacional.

Hasta este momento, se prevén sólo sanciones para las personas físicas, y de aprobarse de forma definitiva esta ley, podrán ser responsabilizadas y sancionadas personas ideales como sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas. Se registran, sin embargo, antecedentes normativos especiales para supuestos de responsabilidad empresaria tales como para delitos por desabastecimiento, aduaneros y tributarios, entre otros.

El proyecto establece un sistema de responsabilidad por delitos contra la administración pública, tales como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y exacciones ilegales.

La normativa tiene como propósito promover que las personas jurídicas, a través de la implementación de políticas y procedimientos internos, generen una cultura de integridad y prevención de delitos, con posibilidad de cooperación a las autoridades para la detección e investigación de ilícitos, con la atenuación de sanciones por colaboración.

Se destaca, además, la independencia de las acciones contra las personas físicas de aquellas contra las jurídicas por un mismo hecho; es decir, se prevé la aplicación de sanciones a la persona jurídica con autonomía de la responsabilidad individual que pudiere existir.

La aludida legislación se propone una clara actualización de la normativa penal argentina, como la adaptación legislativa en materia de delitos de corrupción contra la administración pública y soborno trasnacional, a los estándares internacionales a los cuales la Argentina se ha obligado al adherir a la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, suscripta en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). También se tuvieron en cuenta en el proyecto los lineamientos derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

La aprobación definitiva de la ley en cuestión constituirá, sin duda, un instrumento más que permitirá reducir la corrupción en el país y contribuirá, sin dudas, a mejorar a la Argentina en el ranking de corrupción mundial, que si bien ha mejorado en la actual administración, sigue muy lejos del ideal.

* Abogado