Sofismas

“Ya probamos durante largos años la tolerancia a un Estado ineficaz, carente de controles internos, plagado de corrupción”. Fue la cita de José Manuel de la Sota en diciembre de 2000, ante un grupo de empresarios en la ciudad de Villa Carlos Paz, al anunciar la Ley de Estado Nuevo.

Vista en el tiempo, la referencia le pega en el rostro por una actualidad incontrastable. La política y, en particular, los dirigentes han encontrado la justa medida para las excusas. El revisionismo histórico sirve para justificar errores. Los acontecimientos –que suelen no tener fechas fijas– tienen un alto contenido de riesgo e incertidumbre. Sin planificación de variables y ausente el respaldo de un componente ético, el gobernador cae preso de su propio adagio.

Hoy, el Estado provincial se sostiene con el incremento de la recaudación para paliar deudas contraídas, pero patea hacia adelante compromisos ineludibles de su gestión. Se respalda en un presupuesto falso de ingresos y egresos, subcalculados en ambos casos. El excedente es una tentación para el manejo desmesurado de fondos. Antecedente que registra la misma sintonía en la Jefatura de Gabinete de la Nación.

En paralelo, resulta sospechoso el silencio del titular del Ejecutivo acerca de supuestos hechos de corrupción: Carnaval de los Cuartetos, aulas-contenedores, sobreprecios en adquisición de prótesis y órtesis, los gastos del Festival de los Cuartetos y la vinculación de su gobierno con el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que estuvo prófugo de la Justicia nacional y Federal por abrumadores hechos delictivos.

Aquella afirmación de hace 13 años, en la que De la Sota reclamaba a terceros, no la pudo imponer para sí. Dirige un Estado que no pudo y no quiso regenerar, porque los bolsillos de los gobernantes deberían ser de cristal. No es su caso.

Relevo de pruebas. La ejecución presupuestaria del primer trimestre desnuda la situación, sofocante, y la contradicción de datos. Infiere un ahorro corriente de 1.203,4 millones de pesos sustentado en tasas extraordinarias devenidas de la Cuenta de Inversión de 2012.

No obstante, la Provincia no responde a pedidos de informe sobre cuentas y depósitos de los remanentes que, entendemos, por el artículo 46 de la Ley de Presupuesto podrían haber sido destinados a Rentas Generales. Si todo fuera tan holgado, ¿por qué tantas subejecuciones y acreencias a futuro?

El Ministerio de Educación, por ejemplo, con una deuda flotante de 597 millones de pesos, encabeza la prelación. La construcción de aulas y reparación de escuelas comprometió 135 millones de pesos y se pagaron ocho. La cifra contrasta con el sobreprecio abonado en concepto de aulas preventivas, que no han sido erradicadas en su totalidad.

La cartera de Salud arroja un compromiso de 367,2 millones de pesos. Los hospitales de capital e interior encabezan el rubro, con 240,8 millones de pesos.

Le sigue Infraestructura, con 362,1 millones de pesos en obligaciones, a pesar de la difusión permanente de la obra pública. No obstante, hasta el 30 de junio habían reajustado obras por la friolera de 103,9 millones de pesos, muchas de ellas “añosas” por el tiempo sin finalizar.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene 13 partidas sin ejecutar, entre las que resaltan el Banco de la Gente, Prevención de la Drogadicción y 55 millones de pesos de pasivo. Aun con una llamativa campaña publicitaria, el “Fondo de Infraestructura Vial” y lo recaudado por la ley 8.560 en multas de tránsito resultan sugestivos. El primero, con un presupuesto de 177,5 millones de pesos, comprometió 70 millones y los pagos de 10 millones. La recaudación de la Policía Caminera, al 31 de marzo, no se condice con los fondos destinados a Seguridad Vial y Prevención para Tránsito.

Indiferencia. Un rubro sensible como el Paicor deja en los primeros tres meses una deuda de 35,3 millones de pesos, sin contar el acumulado de 2012, de 145 millones. Salud Mental comprometió 24 por ciento del presupuesto y debe obligarse en 22 millones.

El Programa de Lucha contra la Trata de Personas –bandera que esgrime el Gobierno provincial– tiene un exiguo presupuesto de 9,4 millones de pesos, del que se emitieron órdenes por 976 mil pesos y pagos por 657 mil.

En materia de Prevención contra la Drogadicción, es nulo el compromiso y pago del presupuesto. Los expresos de la dictadura militar sintieron la restricción de pagos: sobre 10,9 millones de pesos, se les pagaron 378 mil.

El reclamo permanente de bomberos voluntarios se refleja en la ejecución presupuestaria. Con una recaudación presupuestada en 54 millones de pesos, sólo utilizaron 3,8 millones y cancelaron apenas 868 mil, lo que ratifica la petición permanente de los servidores públicos por promesas incumplidas. Cuando los hechos no se producen, las palabras y la indiferencia turban.

Burlas. La publicidad ha sido una política importante en las finanzas provinciales. Luego de la desopilante cifra erogada en 2012, el presente mantiene la sintonía. Los datos más significativos del Presupuesto 2013 destinaban a la Jefatura de Gabinete 180 millones de pesos; Agencia Córdoba Turismo, 20,5 millones; Lotería de Córdoba, 31,5 millones; y Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), 26,4 millones.

Sólo en el primer trimestre, se reasignaron al primer ítem 9,8 millones de pesos, se comprometió la suma de 160,1 millones y se pagaron 3,3 millones. Es decir, se ha generado una deuda flotante de 157 millones. La cifra, significativa por cierto, implica la coparticipación de 14 departamentos de la provincia y el Programa de Asistencia Municipal del primer trimestre. O 10 millones de raciones del Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor).

Imposible conocer qué sucede en los otros organismos mencionados, habida cuenta de que proporcionan la información al finalizar el año. Si la seriedad fuera una virtud, el gobernador debiera de sentir vergüenza.

Disfraces. Decíamos, al principio, que la recaudación le ha permitido a la Provincia cancelar algunas deudas y estirar otras. La deuda global asciende a la suma de 25.183,3 millones de pesos por todo concepto. Comprende la declarada en pesos y en dólares, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif) y la que se evita consignar el Gobierno provincial, el Banco de Córdoba, los organismos descentralizados y las agencias por un total de 20.830,2 millones, y la deuda flotante de $ 4.353,1 millones.

Su magnitud requerirá, en algún momento, la explicación de De la Sota, teniendo en cuenta la cita que dio comienzo a esta nota. Tal vez, la que requiere mayor celeridad sea la de Epec y la Central Pilar. Como decía el escritor estadounidense Frank Herbert, la corrupción lleva infinitos disfraces. Aunque la sociedad, todavía, crea que el fin justifica los medios.

*Legislador por el Frente Cívico, vicepresidente primero de la Unicameral de Córdoba.