Servicios públicos, ¿heterónomos?

Respecto de nuestros servicios públicos, hace rato que somos sometidos a relaciones jurídico-económicas con condiciones forzosas y leoninas, traducidas en servicios esenciales (agua potable, luz, transporte, etcétera), peajes e infraestructuras ineficientes, cuestionadas desde lo racional y colectivo, e insoportables.

La autoridad y/o el prestador con posición dominante puede abusar –y lo hace de manera recurrente– del usuario en posición débil y cautiva. En efecto, este siempre termina atrapado por supuestas obligaciones imperiosas propias de hechos jurídico-administrativos impuestos, pero de nulo carácter contractual, no sólo por ausencia de libre consentimiento sino por abusos de asimetría semejante entre las posiciones del prestador y del usuario.

Entre nosotros, las idas y vueltas de privatizaciones y estatizaciones en materia de servicios públicos lo único que acreditan es un debilitamiento palmario, no sólo en la defensa del usuario y del consumidor sino en la calidad de los servicios relacionados. A ello se suma la imposición de tarifas injustas e irrazonables en turbias componendas suscriptas por el Estado (nacional, provincial y municipal), junto a empresas públicas, privadas, mixtas y agencias reguladoras cooptadas.

Así, ese libre, autónomo e independiente consentimiento personal contractual fue profanado, por lo que perdió su plenitud ante seudo relaciones contractuales impuestas de modo heterónomo.

Además de esas idas y vueltas, en materia de servicios públicos propios e impropios, los argentinos padecemos de crónicas desconfianzas, sobrefacturaciones, asimetrías informativas, externalidades negativas, fallas de mercado, todo lo cual abrogó en los hechos la buena fe y la lealtad propia de una relación jurídica cabal, con objeto lícito.

A este punto, la comunidad de usuarios y consumidores debe plantearse sin demora si continuará sometido a “poderes extraños” que le impiden el libre desarrollo de su naturaleza personal o, finalmente, reclamará por su libertad, racionalidad y razonabilidad en su acceso universal y equitativo a los servicios públicos, ¡sin el requisito previo de acudir en peregrinación a la Virgen de la Merced para que les libre de tales cautividades!

¿Y eso por qué? Porque no debemos legitimar peajes, agua escasa, no siempre disponible y de dudosa potabilidad, pésimos servicios eléctricos, transportes, alumbrado, barrido, limpieza y cuantos más de exigua calidad y eficiencia, pero ya con tarifas exorbitantes.

Esto sucede en todo el país. En Córdoba, el municipio de la ciudad capital inventó otro impuesto forzoso, ahora prorrogado hasta 2018 “para la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal (?)”, gabela que debe abonarse de manera forzosa e involuntaria en cada facturación de la empresa Aguas Cordobesas.

Otro tanto padecemos con el arrebato provincial a los combustibles para una supuesta e inconstitucional tasa vial, como sin dudas resultará declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ergo, suerte idéntica correría también el aludido “impuesto sanitario municipal”.

Así, pues, cuando en el país se vienen los ajustes nacionales, provinciales y municipales de un 30 por ciento a un 40 por ciento (o más) en los servicios públicos, “metodológicamente heterónomos”, servicios que carecen no sólo de la contraprestación correspondiente sino de un simultáneo incremento salarial o jubilatorio ecuánime o superior de los usuarios; entonces, al vicio de pedir se contrapondrá la virtud de no dar.

*Abogado.