Saldar la expectativa, cueste lo que cueste

El grado de agitación que alcanzó la política en las últimas semanas y la diversidad de frentes conflictivos en los que deben ocuparse y confrontar tanto el Gobierno como la oposición, constituyen una práctica saludable en la democracia.

En un exceso de reflexión, puede decirse que el debate, la negociación, la búsqueda de objetivos tácticos o estratégicos en la construcción de poder son la esencia misma de una política vital, no adormecida ni ausente, como muchas veces hemos lamentado.

Pero eso, en la lucha política define el continente, no necesariamente el contenido de las discusiones.

Dentro del oficialismo, han aparecido algunas incertidumbres que la conducción excluyente que ejerce Cristina Fernández no logra despejar.

Las dudas, que alimentan no sólo militantes rasos sino también algunos encumbrados dirigentes con rango de ministros, son producto de la falta de definiciones sobre cómo se enfrentarán las adversidades en aquellos casos en que no todo resulte como se desea.

En concreto, y por poner un ejemplo obligado, el Gobierno ha generado gran expectativa en torno de la definición del pleito con el Grupo Clarín y muchos de sus integrantes no están ahora seguros de que esa expectativa será plenamente satisfecha.

Nerviosismo. Eso explica que la Presidenta haya ordenado redoblar las presiones y la búsqueda de soluciones favorables en la Justicia, con procedimientos que ningún Estado de derecho puede legitimar.

La recusación de jueces con argumentos forzados y mentirosos; los papelones y sobreactuaciones del ministro de Justicia, Julio Alak; los escándalos en el Consejo de la Magistratura o la urgencia que exhibe al querer disponer en tiempo récord del recurso del per saltum para que sea la Corte Suprema la que determine sobre la ley de medios, muestran que detrás de la fuerte determinación oficial hay un clima de nervios.

En ese contexto, no extraña que el oficialismo cometa errores de alto costo político.

Uno de esos errores más significativos es haber provocado en los sectores opositores una extendida toma de conciencia de que, pese a la fragmentación que exhiben, tienen vida y son capaces de desbaratar algunas de las intenciones hegemónicas del Gobierno.

El compromiso firmado por 28 senadores para evitar la reforma constitucional y, con ella, la re-reelección de Cristina es un ejemplo notable de aquel error.

Por las vías normales, esa aspiración del cristinismo parece cerrada.

También se inscriben en esa lista las actitudes provocadoras, inclusive para eventuales aliados.

La última fue la del diputado y jefe operativo de La Cámpora, Andrés Larroque, cuando en la sesión que aprobó el voto a los 16 años descalificó a los socialistas vinculándolos con el narcotráfico.

Gran parte de los legisladores de la oposición, muchos de los cuales iban a votar a favor junto al oficialismo, se retiraron indignados del recinto.

Cuentan en el Congreso que las quejas por la patoteada verbal de Larroque se extendieron al interior del bloque kirchnerista, donde se le reprochó la falta de manejo político, que haría caer otros acuerdos parlamentarios.

En la Casa Rosada, en cambio, se festejó el episodio como una picardía avalada por Cristina. “Cuando decimos que vamos por todo, no podemos detenernos en sutilezas. Vamos por todo”, comentó un funcionario, entusiasmado con la idea de que ese tipo de acciones ayudará al kirchnerismo a restarle votos al socialismo en la provincia de Santa Fe.

Nada claro. Para Cristina y sus más cerrados seguidores, el deterioro de la imagen política del Gobierno, la inquietud que plantea el futuro de las cuentas públicas, el cierre de las fuentes de financiamiento externo, la crisis de las economías regionales o la inflación no son cuestiones tan importantes como definir a su favor el diferendo por la ley de medios.

Con la aprobación exprés del per saltum , los jueces de la Corte Suprema de Justicia sienten la presión y saben que se los colocará como actores principales en el centro del escenario.

Lo que no conocen, todavía, es concretamente de qué deberán ocuparse. ¿Les llegará la cuestión de fondo, sobre la constitucionalidad o no de dos artículos de aquella ley? El proyecto que se trata en Diputados dice que para eso tiene que haber fallo de primera instancia. Y aún no lo hay.

¿Les llegará una nueva cautelar presentada por el Grupo Clarín o hasta por el propio Gobierno? Tampoco lo saben. Hay otras posibilidades, pero todo es especulación o imaginación política.

¿La realidad? Bien, gracias.