Toda experiencia política relevante se apoya en un contrato con la sociedad, un compromiso constitutivo del mandato. Es una promesa de sentido que ordena expectativas, tolerancias y límites, y que sienta las bases de legitimidad para ejercer el poder.
En el caso de Javier Milei, ese contrato fue claro desde el inicio: la confrontación con la “casta”, entendida como un sistema de privilegios y corrupción que había capturado al Estado durante décadas y que explicaba buena parte de la decadencia argentina.
No era sólo un programa económico. Había detrás otra definición: reducir el peso de la política sobre la sociedad y, al mismo tiempo, devolverles margen de libertad a los individuos frente a un Estado percibido como invasivo y extractivo.
Su discurso, repetido hasta el cansancio, trazaba además una frontera clara entre un “ellos” asociado a esos vicios y un “nosotros” que venía a romper con esa inercia.
En esa clave también puede leerse su discurso de apertura de sesiones, donde la moral apareció como un eje de gobierno. No fue un detalle menor, sino una señal de hasta qué punto ese planteo forma parte central de su propuesta.
Sin embargo, todo contrato moral eleva el nivel de exigencia. No puede permitirse zonas grises y el margen para desvíos o contradicciones en ese sentido se vuelve más estrecho.
Episodios que generan ruido
En este contexto, comienzan a acumularse episodios que tensionan ese núcleo del contrato. El caso de la criptomoneda $Libra, con todos sus interrogantes abiertos, abrió cuestionamientos sobre prácticas que el propio oficialismo había criticado con dureza.
Las controversias en torno a Manuel Adorni también se leen en esa clave. No tanto por hechos concluyentes, sino por la percepción de ciertos modos que recuerdan dinámicas que se buscaban dejar atrás, como los privilegios o cambios abruptos en el nivel de vida asociados al ejercicio de la función pública.
Todo esto, además, concentrado en una figura que, paradójicamente, fue una de las que con más énfasis se encargó de condenar ese tipo de prácticas, primero desde las redes y luego ya investido como vocero presidencial.
A su vez, el Gobierno ya venía de atravesar con dificultad el episodio que involucró a José Luis Espert, un caso que generó ruido político y social y que logró ser encauzado sin mayores costos tras su salida.
A esto se suma el caso de la Andis, que vuelve a traer a escena viejos fantasmas en un terreno especialmente sensible: la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Pero quizás donde la contradicción se vuelve más delicada es en el terreno institucional. La postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema –un juez cuestionado precisamente por sectores que denunciaban la connivencia entre política y justicia– tensiona directamente un eje que había sido central en el discurso inicial.
Algo similar ocurre con la designación del nuevo ministro de Justicia y sus vínculos con estructuras del fútbol –hoy bajo investigación judicial–, que alimentan interrogantes innecesarios sobre ciertas lógicas que buscaban ser desplazadas.
¿Puede todo esto romper el contrato que Milei construyó con la sociedad? ¿O hay margen para que ese vínculo resista estas tensiones?
Cuando el margen se achica
Los contratos políticos no suelen romperse de un día para el otro. Más bien se van desgastando a medida que lo que se prometió empieza a alejarse de lo que efectivamente ocurre.
Y ahí es donde el contexto pesa. Porque esto no pasa en el vacío, sino en una sociedad que está atravesando un ajuste profundo y que está haciendo un esfuerzo enorme, con un costo muy alto para sacar al país adelante.
El núcleo discursivo del presidente y de su gobierno es la moral. Milei no prometió solo eficacia para bajar la inflación; prometió integridad y transparencia. Por eso, cuando aparecen estos episodios –reales o percibidos– que remiten a prácticas que el propio Gobierno se encargó de condenar, el impacto es mayor.
Al mismo tiempo, en política hay otra variable que pesa: los resultados. Si la economía logra estabilizarse y empiezan a verse mejoras concretas, es probable que muchos de estos cuestionamientos pierdan centralidad frente a las urgencias de la vida cotidiana.
Ahora bien, ese equilibrio es delicado. Porque, si bien el Gobierno puede mostrar algunos avances en materia económica, también es cierto que varios resultados prometidos no llegan. En ese marco, la combinación entre expectativas altas, esfuerzo social y tensiones políticas e institucionales puede volver más frágil ese acuerdo inicial.
Vale la pena reconocer un punto: haber elevado la vara en términos de lo que la sociedad considera aceptable. Poner en discusión conductas que durante años pasaron casi sin costo –privilegios, abusos o discrecionalidad en el ejercicio del poder– es, en sí mismo, un cambio relevante.
Instalar la idea de que los funcionarios deben rendir cuentas por sus actos es una deuda urgente. El desafío, claro, es sostener ese estándar en la práctica y hacerlo valer para todos por igual.
El contrato, en definitiva, no está roto. Pero sí está siendo puesto a prueba. Y su fortaleza dependerá, en buena medida, de cómo evolucione esa relación entre lo que se prometió, lo que se hace y lo que la sociedad finalmente percibe.
