Comercio internacional. El rol de las provincias en el acuerdo Mercosur-Unión Europea
El acuerdo Mercosur-Unión Europea no es un punto de llegada. Su éxito dependerá no sólo de lo que ocurra en Bruselas o en las capitales del Mercosur, sino también de las decisiones que se tomen y las capacidades que se construyan en el territorio.
La entrada en vigor de la aplicación provisional del acuerdo comercial interino entre el Mercosur y la Unión Europea, el 1° de mayo pasado, cierra una etapa de negociación que llevó más de 25 años.
El acuerdo abarca a unas 720 millones de personas e incluye compromisos en reducciones arancelarias, reglas de origen, compras públicas, indicaciones geográficas, estándares sanitarios y ambientales, y mecanismos de salvaguardia para sectores sensibles.
Sin embargo, la entrada en vigor del acuerdo no debe confundirse con la llegada automática de sus beneficios. La firma abre una etapa distinta, probablemente más exigente que la negociación misma.
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Durante años, el debate estuvo concentrado en los equilibrios entre bloques, en las concesiones sectoriales y en la disputa sobre los potenciales ganadores y perdedores.
Ahora, la cuestión central será otra: qué capacidades deben ser construidas, tanto a nivel del bloque como en cada país miembro, para transformar ese marco jurídico en oportunidades concretas de negocios, crecimiento y bienestar.
De acuerdo con lo establecido por el tratado, se prevé que puede ampliar oportunidades en el corto plazo para que sectores agroindustriales, de energía y de servicios basados en conocimiento accedan a nuevos mercados. También puede favorecer la incorporación de bienes de capital, tecnología, financiamiento e inversiones orientadas a mejorar la competitividad.
Pero nada de esto ocurre por simple inercia. Exportar más no depende únicamente de que bajen los aranceles. Requiere información, escala, asociatividad, certificaciones, infraestructura, logística, financiamiento, inteligencia comercial y acompañamiento técnico. En otras palabras, requiere de políticas públicas y una participación activa de todos los niveles de gobierno.
El rol de los gobiernos provinciales
En ese proceso, a las provincias les compete un rol protagónico. No sólo porque administran territorios con perfiles productivos diferenciados, sino porque son el nivel de gobierno más próximo a las empresas, los productores, las cámaras sectoriales, las universidades y las agencias de promoción, con capacidad de articular entornos para el desarrollo de ventajas competitivas y obtener información sobre los efectos adversos en sectores sensibles.
La política comercial se define a nivel del bloque, se implementa por los gobiernos nacionales, pero sus efectos, positivos y negativos se sienten en el territorio.
Uno de los desafíos más concretos será la adecuación normativa. El acceso al mercado europeo exige cumplir con estándares sanitarios, ambientales, laborales, técnicos y de trazabilidad que se han vuelto progresivamente más complejos.
Para muchas pymes, esos requisitos pueden ser una oportunidad para mejorar procesos, pero también una barrera difícil de superar sin acompañamiento.
Las provincias pueden contribuir a través de asistencia técnica, programas de certificación, formación en reglas de origen, digitalización de información productiva y articulación con organismos nacionales y europeos.
Un caso ilustrativo es el Reglamento de la UE contra la Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), que exige geolocalización de parcelas para productos como soja y carne. Cumplirlo no depende sólo de la voluntad del productor, sino de infraestructura digital, apoyo técnico y coordinación entre niveles de gobierno.
La apertura comercial también plantea riesgos que merecen atención. En sectores con dificultades de productividad, escala o financiamiento, el incremento de la competencia importada puede tener efectos negativos sobre el empleo y la actividad local.
Por eso, las provincias no sólo deben orientarse a la promoción exportadora, sino también al monitoreo de impactos: relevar información sectorial, identificar riesgos y colaborar con el Estado nacional en el uso de los instrumentos de defensa comercial que el propio acuerdo contempla, como los mecanismos de salvaguardia o rebalanceo.
Paradiplomacia y agenda internacional
Desde hace décadas, las provincias argentinas han desarrollado capacidades de acción internacional: participan en redes, organizan misiones comerciales, suscriben acuerdos de cooperación y mantienen vínculos con contrapartes en el exterior. Se trata de una práctica consolidada que, aunque desigual entre provincias, ha ido ganando institucionalidad y experiencia.
El acuerdo Mercosur-UE abre una oportunidad concreta para proyectar esa trayectoria en una dirección más específica, dado que las regiones europeas también tienen una larga historia de acción internacional y han jugado un rol activo en el propio proceso de integración comunitaria.
Esa experiencia compartida puede ser la base para articular agendas de trabajo más precisas: intercambio en sectores concretos, cooperación técnica e institucional y, sobre todo, vínculos orientados a las economías regionales.
En definitiva, el desarrollo de acuerdos con regiones de potencial complementario, la participación en redes transnacionales y la creación de nuevos espacios de intercambio comercial son herramientas concretas a disposición de los gobiernos subnacionales para profundizar los vínculos que el acuerdo habilita y explorar las potencialidades de un mercado de ingresos medios altos.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea no es un punto de llegada. Su éxito dependerá no sólo de lo que ocurra en Bruselas o en las capitales del Mercosur, sino también de las decisiones que se tomen y las capacidades que se construyan en el territorio.
Doctor en Relaciones Internacionales (Ciecs-Conicet, UNC)
