Falsas denuncias. El riesgo de legislar basados en el espectáculo y no en los datos
Esta discusión que instalan en la sociedad no apunta a mejorar la labor de la Justicia, sino a desmantelar las pocas instituciones que acompañan a las víctimas en su momento de mayor vulnerabilidad.
El pasado 31 de marzo, a las puertas de un canal de televisión se presentó como “espontánea” una manifestación, se cedió micrófono a sus protagonistas y se transformó el programa en una plataforma para instalar una agenda: la idea de que el sistema judicial condena sin pruebas y que el Polo de la Mujer es el principal responsable frente a lo que se denominan “falsas denuncias”.
Esta escena no fue aislada, y es por ello más peligrosa. Una semana después, el Salón Azul del Senado de la Nación repitió la puesta, y poco después la Comisión de Justicia retomó el debate de un proyecto de ley sobre el tema, impulsado por la senadora Carolina Losada.
No es una coincidencia de calendario: es una coordinación política de la agenda conservadora, de derechas, que quiere el retroceso de nuestros derechos; que instala el negacionismo sobre una evidencia que ya no necesita números, el mismo negacionismo que cuestiona nuestros desaparecidos o la necesidad de preservar y cuidar los bienes comunes. Es una política orquestada, pensada, que rechazamos de manera categórica.
La violencia contra las mujeres y las infancias es un ejercicio de poder, y se expresa de distintas maneras en los hogares, en las calles; desde las ciudades a los pequeños pueblos; en los barrios de las riquezas, los populares y los de las periferias. Mujeres para quienes llegar a una institución de protección implica vencer temores complejos, recorrer distancias y enfrentar la propia construcción cultural del disciplinamiento a las pautas patriarcales impuestas. Estos espacios son, muchas veces, el único sostén de vida disponible para miles de mujeres.
El peligro de la disuasión
¡Qué paradoja! En un país donde apenas el 21% de las mujeres logra denunciar (según datos de ONU Mujeres, Perfil de País Argentina 2024), la respuesta legislativa no es proteger mejor sino amenazar con la cárcel a quien busca ayuda.
La "falsa denuncia" ya es un delito en nuestro Código Penal. Lo que el proyecto de Losada pretende es elevar la pena a una escala de tres a seis años de prisión efectiva específicamente para casos de violencia de género.
Este proyecto no sólo es regresivo, sino que colisiona con la jerarquía constitucional de la Convención de Belém do Pará contra toda forma de violencias contra las mujeres. Como han advertido diversos juristas, si un fiscal no logra probar un hecho complejo, el denunciante quedaría expuesto a la prisión. Es un despropósito que busca silenciar, que no se denuncie, generar el temor y no hacer justicia.
Lo que los datos dicen (y el ruido oculta)
La base "empírica" de esta campaña es un llamado "Observatorio de Falsas Denuncias", un sitio web de autodeclaración, sin rigor metodológico. Sus propios voceros han admitido la falta de estudios locales serios que respalden sus afirmaciones.
La realidad de los tribunales nacionales dice lo contrario. Entre 2011 y 2023, sólo uno de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral; más del 80% terminó en archivos o sobreseimientos (Inecip, Arduino / Alfie / Pousa, 2024). En casos de abuso sexual infantil, la impunidad es alarmante: se condena menos del 1% de los casos.
El sistema no condena "de más": el sistema archiva “de más”, no imparte la justicia necesaria para quienes sufren violencia cada día y viven en el temor, el que afecta no sólo sus vidas, sino a la infancia. Violencias que, en algunos casos, llegan a la muerte.
Mientras este debate distrae, la urgencia nos golpea: en 2024, Argentina registró una víctima de femicidio cada 39 horas (Registro Nacional de Femicidios, Corte Suprema de Justicia de la Nación).
En casi la mitad de esos casos, las víctimas habían denunciado previamente. El Estado no llegó tarde por "exceso de diligencia": llegó tarde por falta de recursos y respuestas efectivas.
Defender lo construido
Esta discusión que instalan en la sociedad no apunta a mejorar la labor de la Justicia, sino a desmantelar las pocas instituciones que acompañan a las víctimas en su momento de mayor vulnerabilidad. Ya lo escuchamos cuando se desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación.
Cuestionar al Polo de la Mujer sin una sola prueba verificada no es rigor periodístico. Este dispositivo de atención integral a las violencias que sufren las mujeres es un modelo que otros países de la región observan y quieren replicar, que demanda antes que nada voluntad política de quienes gobiernan.
Lo que busca esta campaña de desinformación que desvirtúa acciones necesarias es, en realidad, cuestionar los derechos conquistados durante décadas por las mujeres organizadas y el avance logrado en políticas públicas. La Justicia que necesitamos es una que proteja, que acompañe, que contenga, no una que castigue a quien se atreve a romper el silencio.
*Arquitecta, investigadora y referente feminista; directora de Ciscsa, Ciudades Feministas
