Qué hacer con la oferta y la demanda de drogas

Frente al incremento del consumo y el tráfico de drogas, llaman la atención la acefalía de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar); las 14 balas destinadas al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; las investigaciones judiciales en las policías de Santa Fe y de Córdoba; el descubrimiento en Sinsacate de 583 kilos de cocaína, seguramente procedente de Bolivia; el otorgamiento del quinto título de doctor honoris causa al presidente de ese país, Evo Morales, y que nunca se haya investigado el circuito por el que fluyen los dineros del narcotráfico.

La Sedronar, dependencia de la Presidencia de la Nación creada en 1989 (cuando se dictó la ley 23.737, de estupefacientes), es la responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas (reducir 
su oferta y demanda) y las adicciones.

En diciembre de 2011, se le aceptó la renuncia a su secretario, José Granero 
–un amigo de Néstor Kirchner–, contrario a la despenalización de la tenencia de drogas, luego de que la Corte Suprema en el caso “Arriola” (25 de agosto de 2009) declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para el consumo, y en el marco de una feroz interna desatada por el hoy senador Aníbal Fernández, que impulsaba una ley de despenalización.

Lo reemplazó el excanciller Rafael Bielsa, quien al asumir propuso una “reingeniería total” del organismo y expresó su preocupación por el alto consumo de paco. Aprobó su nueva estructura organizativa, disminuyó el presupuesto destinado a publicitar la lucha contra 
las drogas y cerró la mayoría de los centros de atención a los adictos.

Mientras, se trataba de sancionar la ley de despenalización de la tenencia de drogas, lo que era contrariado por las fatales consecuencias que en poco tiempo causaba el consumo de paco en las villas de emergencia.

Pero el “acuerdo entre Cristina y Francisco”, que según fuentes oficiales se plasmó en la audiencia que el Papa concedió a Cristina Fernández cuando el Pontífice asumió en marzo pasado, archivó la idea de dictar la ley y precipitó la renuncia de Bielsa, quien extrañamente aún no fue reemplazado.

Nadie discute que la cocaína viene de Bolivia, y la marihuana, de Paraguay; pero también es extraño que con estos países no se haya intentado acordar algo que lo impida, salvo el incumplido acuerdo que firmó el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en La Paz, en diciembre de 2008, con el gobierno boliviano para luchar contra las drogas y el transporte de las sustancias químicas usadas para fabricar cocaína y coordinar las fuerzas de seguridad de ambos países para reprimir al narcotráfico, dejando a salvo que la hoja de coca es inofensiva para la salud.

Sin embargo, el ingreso, procesamiento, tránsito y exportación de esta droga es cada vez más intenso y, a pesar de ello, a Evo Morales, presidente de ese país y expresidente del Consejo Andino de Productores de Coca y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, se lo distinguió con el título de doctor honoris causa en las universidades nacionales de Córdoba, de Lanús, del Comahue, de Río Cuarto, y de la Popular Madres de Plaza de Mayo.

En Rosario y en Córdoba, se detectaron vínculos entre policías y el narcotráfico, que motivaron la remoción de personal y la cúpula policial. En la provincia mediterránea, además, se descubrieron faltantes de droga secuestrada por jueces federales. Nadie duda de que el atentado contra la vida del gobernador Bonfatti provenga del narcotráfico.

No hay investigaciones destinadas a desbaratar el circuito financiero del narcotráfico, las fronteras son una coladera, son muchas las pistas de aterrizaje clandestinas, no hay radares y los quioscos se multiplican debajo de las zapatillas colgadas de los cables.

Parece haber llegado el momento de concertar una política de Estado que con energía intervenga en el combate contra la oferta de drogas, para lo cual habría que crear una agencia federal, con personal especializado.

Con recursos suficientes, debería ejecutar y coordinar la acción de las policías involucradas: federal, aeroportuaria y de las provincias, de Gendarmería, Prefectura, los servicios de Inteligencia, la Aduana y las Fuerzas Armadas.

También debería colaborar con los tribunales federales y provinciales y con la Cancillería, para acordar con otros países el combate contra el narcotráfico. Esta agencia tiene que implementar un mejor control de las fronteras, de las rutas –terrestres, aéreas y fluviales– donde transitan las drogas y los insumos con los que se las tratan, de las pistas de aterrizaje, de los radares –que hay y que deberán instalarse–, de las cocinas y de quienes las venden y, muy especialmente, de los recursos financieros que genera este vil negocio. No me convence autorizar el derribo de aviones.

En los Estados Unidos, ante una situación parecida durante la presidencia de Richard Nixon, se creó Drug Enforcement Administration (DEA), o sea la administración de cumplimiento de leyes sobre las drogas, que es una agencia del Departamento de Justicia dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas.

De este modo, se quería que una agencia federal única asumiera las competencias federales en esta materia y coordinara las actividades gubernamentales en el control de estupefacientes, y en ella se fusionaban todas las reparticiones dedicadas a las drogas.

También habría que crear otra agencia que se ocupe de la demanda y que coordine a los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas. Que coordine también la acción de los municipios, las provincias, el gobierno federal, las universidades, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a estos propósitos.

Si no asumimos este desafío, las generaciones futuras, con razón, nos lo van a reprochar.

*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba.