¿Por qué se tortura a los jubilados con el “control de supervivencia”?

Los organismos previsionales vienen instrumentando diferentes tipos de medidas tendientes a disminuir los riesgos de que luego de la muerte del beneficiario se siga cobrando el haber previsional.

En el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), se obliga a que periódicamente el jubilado se presente en persona ante el banco a demostrar que está vivo.

En el caso de la Caja de la Provincia, se solicita que se incluya a un tercero como titular de la caja de ahorro, a los fines de que se haga responsable ante la eventualidad de que el jubilado fallezca.

El denominador común es que se le impone un nuevo trámite a la gente. Considerando que se involucra a varios millones de personas, estamos hablando de un enorme esfuerzo administrativo –de los organismos previsionales, los bancos y, fundamentalmente, los jubilados– que apenas reduce, pero no elimina, las posibilidades de fraude.

Si se mejorara la calidad de la gestión de los registros civiles, se eliminaría la necesidad de instrumentar los “controles de supervivencia”. La razón es muy simple: nadie puede disponer la cremación o el entierro del cuerpo de una persona fallecida sin que antes medie la emisión del correspondiente certificado de defunción.

Eso significa que el Estado cuenta, a las pocas horas de que una persona muere, con la información completa del deceso.

Con la tecnología disponible en la actualidad, sería muy simple y barato poner a disposición de los organismos previsionales esta información de manera inmediata, eliminando el riesgo de pagar de manera indebida una jubilación. Que los datos lleguen varios meses después de que ocurrió la muerte, como sucede en la actualidad, sólo puede explicarse por una combinación de desidia e ineficiencia.

Se trata de un testimonio específico, pero muy ilustrativo, de malas decisiones en materia de administración del sector público. Los registros civiles constituyen una función indelegable del Estado, con enormes impactos en otras áreas.

Los “controles de supervivencia” en el área previsional son apenas un ejemplo de los perjuicios que genera el no prestarle la atención que merecen a la administración de la información de las personas.

No se trata de un tema ideológico, sino de sentido común y de buena gestión. La cuestión importante no es el tamaño del Estado sino la calidad de su gestión.

Por un lado, se dilapida una enorme masa de recursos públicos en proyectos no prioritarios, como Aerolíneas Argentinas. Por el otro, los relativamente pocos recursos que se destinan a funciones relevantes, como el registro civil, se diluyen en burocracia y corruptela.

Los ciudadanos están en el peor de los mundos. Se pagan muchos impuestos y reciben escasos servicios. Y ante las fallas originadas en la mala praxis de la gestión pública, se les imponen más cargas. Los controles de supervivencia” constituyen una de ellas.

*Abogada, especialista en políticas públicas, directora ejecutiva de Idesa.