El poder omnímodo de las drogas contra el nulo poder del Estado

Durante los primeros meses de este año, nos hemos ocupado de informarnos sobre la situación de las instituciones públicas provinciales pertenecientes al área de Salud Mental. Conmovidos por las repetidas irregularidades emergentes de estos nosocomios estatales, nos encontramos con una escandalosa realidad que lacera todos los sentidos y solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial la declaración de emergencia en el área. Emergencia que no fue ni siquiera aceptada por el Gobierno de Córdoba.Al estado lamentable de la mayoría de los establecimientos monovalentes de la provincia, se suma la inexistencia de instituciones públicas que asistan de manera adecuada a quienes padecen de adicción a algún tipo de droga.En los últimos meses, las páginas de este diario han informado sobre la dificultad que tienen los ciudadanos para encontrar asistencia pública en relación con uno de los flagelos más grandes de nuestro tiempo: las adicciones.Madres y padres que deambulan de hospital en hospital y de despacho en despacho sin encontrar respuestas terminan acudiendo a la Justicia para que sea esta la que le diga al Estado que debe proceder a internar a un sujeto. Judicializados. El Gobierno se queja una y otra vez del alto porcentaje de pacientes judicializados. Es decir, aquellos que han debido ser internados por orden de la Justicia. Quizá tenga razón: el porcentaje es altísimo. Lo cierto es que cuando el ciudadano acude a la Justicia es porque la política ha fracasado.Mucho se habla del nuevo paradigma en salud mental. Lo primero que hay que entender de este paradigma es que no es producto de la mente brillante de algunos iluminados. Es ni más ni menos que el correlato legal de una realidad histórica, social y sanitaria.En ella se entrecruzan al menos dos variables.Por un lado, una mirada que hace centro en los derechos humanos de los sujetos que padecen algún sufrimiento psíquico.Por otro, un desplazamiento de patologías que eran consideradas como producto casi exclusivo de problemáticas intrapsíquicas a patologías determinadas por fuertes componentes sociales, como las adicciones tanto a drogas legales como ilegales.Este desplazamiento de la patología hace que debamos replantearnos la necesidad de crear nuevas y mejores instituciones públicas que den respuesta a esta realidad. Adentro y afuera. En este contexto, debe comprenderse el concepto de "desmanicomialización". Si lo que nos provoca sufrimiento psíquico es del orden de lo social, debe estar en lo social el poder para aliviarlo. Por ello, es necesario entender que desmanicomialización no implica la desaparición de las instituciones especializadas en algún tipo de malestar.Implica la trasformación de las instituciones de carácter manicomial, cerradas, autoritarias y carcelarias, en otras que pongan el acento en los derechos de los pacientes a ser tratados y asistidos como sujetos de derecho.Los costos de tratamientos serios van desde seis mil pesos –reconocidos por algunas obras sociales–, pasando por un intermedio de 15 mil, hasta los que trepan a los 25 mil pesos mensuales. Varían en la calidad y tipo de enfoque que se lleva adelante.Como mínimo, son abordajes que, para tener éxito, se deben centrar tanto en quien lo padece como en sus redes familiares y sociales.Nadie sale de una adicción si no es con un fuerte trabajo por parte de la familia, que debe ser asistida, guiada y contenida tanto como el sujeto que padece.La Provincia de Córdoba no cuenta con instituciones públicas dedicadas a este tipo de padecimiento. El Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad) no puede ser considerado una institución modelo.La Casa del Joven asiste a una población muy específica y no posee internación, y los hospitales generales, de acuerdo con un relevamiento propio hecho en los últimos meses (del cual tenemos los datos fehacientemente registrados) no internan a pacientes con estas patologías, ni aun cuando se trate de casos agudos, razón por la cual los ciudadanos están totalmente desprotegidos.Es en ese momento cuando acuden a la judicialización, cuando no debería ser así. La atención de la salud no es un problema jurídico: es un problema de política pública. Instituciones capaces. Hay una cuestión urgente para el Gobierno de Córdoba: dotar el sistema de salud pública de instituciones capaces de brindar tratamiento a los miles y miles de jóvenes que cada día caen bajo el poder omnímodo de las drogas, guiados por el concepto de que la desmanicomialización no significa cerrar instituciones, sino reconvertir la modalidad de asistencia. Al mismo tiempo, se hace imprescindible que los hospitales polivalentes se incorporen a la red de Salud Mental, disponiendo camas específicas de internación para patologías que en el momento de las crisis sí o sí necesitan la contención institucional.Debe existir una verdadera política de Estado que prepare al mundo externo para contener a quien padece de una adicción.Al mismo tiempo, debe garantizar que existan instituciones públicas para su abordaje y que las existentes dejen de ser el reservorio de seres humanos que son tratados como desechos. El desafío es que se conviertan en lugares donde la calidad de vida, el bienestar y la dignidad humana sean una realidad.

*Legisladora provincial por el Frente Cívico