Seguridad y soberanía. Palantir: cómo funciona la máquina de vigilancia que amenaza a América latina

El domingo 20 de abril, el periodista Alejandro Bercovich reportó en X que Peter Thiel está en Argentina: tuiteó desde acá, al parecer quiere quedarse dos meses y ya está reuniéndose con empresarios. Sin agenda pública ni anuncio oficial. Para quien conoce a Thiel y lo que hace, esa discreción dice bastante.

Thiel es cofundador de PayPal, primer inversor de Facebook y presidente del directorio de Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos que convirtió el cruce de datos asistido por IA en un negocio global de vigilancia.

Es fanático declarado de Javier Milei, con quien ya se había reunido en noviembre de 2024, y lleva años sosteniendo que democracia y libertad son incompatibles.

Mi hipótesis sobre su viaje es que va más allá de las simpatías ideológicas: viene a venderle tecnología de Palantir al gobierno argentino, o al menos a explorar el terreno para hacerlo.

Un Estado que se declara en guerra contra sí mismo (ya que Milei dice querer destruirlo desde adentro), con instituciones debilitadas y escasa capacidad real de fiscalización, es exactamente el tipo de cliente que permite desplegar tecnología de vigilancia con mínima resistencia. Para entender por qué eso importa, hay que entender qué es Palantir y cómo funciona.

Palantir es, en sus propios términos, un “sistema operativo para datos”. Toma información dispersa de fuentes completamente distintas (registros estatales, datos de salud, historiales financieros, movimientos geográficos, redes sociales, sensores) y la fusiona en un modelo coherente y accionable en tiempo real.

El núcleo de sus dos plataformas principales, Gotham (para gobiernos y defensa) y Foundry (para empresas), es lo que llaman una “ontología”: una representación digital del mundo donde cada persona, activo o evento existe como un objeto con propiedades y conexiones entre sí, una especie de gemelo digital de la realidad.

La capa de inteligencia artificial que Palantir llama AIP permite que humanos e IA trabajen sobre esa ontología en conjunto, y Apollo (otra capa del sistema) lo despliega y mantiene actualizado incluso en entornos clasificados o desconectados.

Lo que hace potente a todo esto no es que el sistema sepa hacer algo extraordinario en sí mismo, sino que conecta miles de cosas aparentemente banales y que existían separadas y las hace hablar entre sí.

El caso más documentado de lo que eso significa en la práctica es el de ICE, la agencia de inmigración de Estados Unidos.

Palantir opera desde 2014 el sistema central de gestión de casos de la agencia, en un contrato que ya superó los 145 millones de dólares e incluye el desarrollo de ImmigrationOS, una plataforma diseñada específicamente para gestionar el “ciclo de vida” completo de deportaciones, desde la identificación hasta la remoción.

Según la ACLU, el sistema cruza datos de Medicaid, registros financieros, domicilios, movimientos y bases de datos de otras agencias federales, incluyendo información de ciudadanos estadounidenses.

La Electronic Frontier Foundation documentó con testimonio bajo juramento que una herramienta de Palantir llamada ELITE se usa para determinar dónde hacer redadas masivas, con filtros que permiten mostrar todos los targets dentro de un dataset de operaciones especiales (algo que contradice directamente la descripción que la empresa da de esa herramienta).

En agosto de 2025, Amnistía Internacional exigió que Palantir cesara su trabajo con ICE, calificando esas prácticas de vigilancia masiva con riesgo directo de violaciones al debido proceso.

Palantir sostiene que opera con marcos éticos, que solo analiza datos que sus clientes le proveen y que rechaza trabajar con regímenes autoritarios. Pero la tecnología amplifica el alcance de quien la controla, y cuando ese usuario es un Estado que busca deportar masivamente o identificar opositores, el software hace exactamente lo que fue diseñado para hacer, solo que para otros fines.

La crítica a Palantir no es que mienta sobre su tecnología: es que su tecnología funciona demasiado bien para fines autoritarios y que ellos eligen mirar para otro lado.

Argentina llega a esta conversación con antecedentes propios, pero la preocupación excede ampliamente las fronteras nacionales.

El Consorcio Al Sur, del que forma parte la organización Derechos Digitales, publicó en 2025 un informe sobre tendencias de vigilancia en América latina que documenta una expansión regional de sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y recopilación masiva de datos por parte del Estado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, con la participación recurrente de empresas privadas e internacionales, y sin marcos que garanticen la protección de derechos fundamentales.

La conclusión del informe es que la región enfrenta una “expansión silenciosa” de vigilancia que avanza, sobre todo, bajo discursos de seguridad y combate al crimen.

América latina tiene décadas de historia (desde las dictaduras militares hasta ahora) de vigilancia política ilegal, aparatos de inteligencia usados contra opositores y controles institucionales que suelen llegar tarde o no llegar. La novedad es que ahora esa capacidad puede tercerizarse a una empresa privada como Palantir.

En el caso argentino, el ciberpatrullaje viene al menos desde 2017, cuando la exministra de seguridad Patricia Bullrich reconoció públicamente que el gobierno monitoreaba redes para “detectar grupos que llaman a la agitación”.

En 2020, un usuario fue procesado penalmente por un tuit detectado mediante ese monitoreo, lo que llevó a Access Now a advertir que la práctica opera como “excursiones de pesca”: monitoreo masivo de palabras clave sin hipótesis criminal previa, sin definición de a quiénes se observa, sin las salvaguardas mínimas de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Lo notable es que cada gobierno desde entonces expandió el marco en vez de acotarlo.

En mayo de 2024, el Ministerio de Seguridad habilitó mediante la Resolución 428/2024 el ciberpatrullaje de fuentes digitales abiertas con uso explícito de inteligencia artificial, y creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad.

En junio de 2025, el Decreto 383/2025 derogó la Ley Orgánica de la PFA vigente desde 1958 y formalizó el ciberpatrullaje como facultad explícita de la Policía Federal, sin necesidad de orden judicial, para cualquier contenido en “espacios públicos digitales.” Chequeado documentó que el decreto fue dictado por el Ejecutivo sin debate parlamentario y que el CELS advirtió que habilita “el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial.”

El texto no define qué delitos justifican la vigilancia ni qué criterios determinan a quién se patrulla, una ambigüedad que El Grito del Sur identificó como estratégica: el gobierno despliega estas medidas usando la incertidumbre como herramienta.

El efecto conocido de este tipo de vigilancia es el chilling effect –la autocensura que genera saber, o simplemente sospechar, que alguien puede estar mirando– y no hace falta que haya una sanción concreta para que funcione; alcanza con que la posibilidad esté latente.

Un Estado con ciberpatrullaje sin control judicial tiene un problema de escala y arbitrariedad. Un Estado con ciberpatrullaje más tecnología de fusión de datos tipo Palantir enfrenta una dimensión distinta del problema: la capacidad de conectar ese monitoreo de redes con identidades reales, historiales de seguridad social, relaciones y domicilios, transformando lo que hoy es una búsqueda por palabras clave en un perfil detallado al instante de un activista, un periodista, un abogado de derechos humanos, un dirigente sindical o un candidato opositor.

Argentina tiene una historia conocida con el uso político de los aparatos de inteligencia y tiene también una Ley de Inteligencia que prohíbe expresamente producir datos sobre personas por su afiliación política o religiosa —(una prohibición que el decreto de ciberpatrullaje se saltea sistemáticamente) y una Ley de Protección de Datos Personales de 2000 que en la práctica carece de herramientas efectivas y de recursos para su aplicación.

En este contexto, la visita de Thiel puede ser muchas cosas a la vez: exploración de mercado, afirmación de afinidad ideológica, interés genuino en el experimento Milei. Probablemente sea todo eso al mismo tiempo, porque en este ecosistema las categorías raramente se excluyen.

Argentina es siempre más complicada de lo que parece desde afuera, como quizá también lo son otros países de la región. Pero hay momentos en que esa complejidad opera como ventaja para quienes llegan ofreciendo soluciones que como Estado deberíamos pensar dos veces antes de comprar.

*Analista de Políticas Públicas para Internet de América Latina y el Caribe