Debate. El nuevo fantasma argentino ya no es Venezuela sino Perú

Durante el kirchnerismo, se repitió hasta el cansancio una advertencia: si la Argentina no lograba construir una alternativa republicana capaz de equilibrar al populismo, el país corría el riesgo de convertirse en Venezuela.

Ese escenario, afortunadamente, no ocurrió. Pero no sólo porque se haya construido una alternativa política, sino porque la Argentina contaba –y aún cuenta– con anticuerpos institucionales, constitucionales y culturales que limitaron cualquier deriva autoritaria de corte chavista.

Lo que emergió después –y persiste hasta hoy– es otra forma de populismo; esta vez, de derecha, pero igualmente distante de los principios republicanos y liberales. Porque, en definitiva, todo populismo comparte una misma lógica: debilitar instituciones en nombre de una supuesta representación directa del “pueblo”.

Hoy, el riesgo argentino parece haber cambiado de nombre. Ya no es Venezuela, es Perú. Perú expresa hoy un fenómeno político preocupante: una profunda crisis de representación y de legitimidad. Un sistema fragmentado, en el que ningún liderazgo logra consolidarse.

Basta un dato: en el actual escenario electoral, ninguno de los múltiples candidatos supera el 15% de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. El fenómeno peruano no es algo extraño para la Argentina. En nuestro país, la indiferencia del votante con respecto al político muestra señales de crecimiento. Crecen la apatía, la desconfianza y el desencanto ciudadano con la política y con sus dirigentes.

Lo que en Perú se expresa como fragmentación extrema del voto, en la Argentina comienza a observarse como algo progresivo. Si no se revierte, puede profundizarse en el corto y mediano plazo. Las condiciones están dadas. Incluso dentro de los propios partidos políticos se percibe este desgaste. Militantes, que antes eran activos, hoy se retraen o abandonan. No por falta de vocación, sino por la pérdida de fe en que la política pueda mejorar efectivamente su vida y la de su comunidad.

La Argentina atraviesa un tiempo convulsionado, pero no en el sentido de una transformación virtuosa. Por el contrario, asistimos a un deterioro de las reglas básicas de la convivencia democrática. Se abandonan los acuerdos, se rompen los pactos y la confrontación y el desacuerdo permanentes parecen haberse convertido en una estrategia de gobierno.

La exclusión del otro ya no es un efecto colateral: es un método. Así, la sociedad se fragmenta en tribus cada vez más pequeñas, donde se pierde la noción de lo común, de lo universal, de un proyecto compartido. Sin esa base, cualquier transformación positiva se vuelve inviable.

Como advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en una “sociedad del riesgo”. Pero, hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente; también habitamos un tiempo de aceleración social impulsado por cambios tecnológicos, comunicacionales y políticos que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones.

En este contexto, el problema argentino no es sólo de representación política –quiénes ocupan los cargos–, sino de representatividad; es decir, en la calidad y la eficacia de la representación.

En definitiva, la legitimidad, el respaldo y la conexión real entre el representante y los representados. Ahí reside el núcleo de la crisis. Los ciudadanos sienten que están mal representados. Si esa brecha no se corrige, el riesgo es que la sociedad deje de creer en el valor mismo de elegir, que votar pierda sentido.

Perú ofrece una advertencia elocuente. Desde 2016, ningún presidente ha logrado completar su mandato. La inestabilidad se volvió norma. Aunque ese escenario aún parece lejano para la Argentina, ya no resulta impensable. Si la degradación política continúa y si quienes ejercen responsabilidades públicas no recuperan la ética y el sentido de servicio, el sistema puede entrar en una espiral de deslegitimación creciente.

En ese punto, incluso la duración de los mandatos podría dejar de ser aceptada socialmente, como sucede en el país andino.

La política argentina atraviesa un proceso de autodestrucción. Muchos dirigentes reniegan de la política mientras la ejercen. Y quienes intentan reivindicarla han perdido autoridad, muchas veces por abusos cometidos cuando tuvieron la oportunidad de gobernar.

La consecuencia es una paradoja inquietante: la buena política –la que construye, acuerda y representa– ha quedado desamparada. Nadie parece dispuesto a defenderla. La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: ¿quién va a defender a la política antes de que sea demasiado tarde? Tarde significa que el verdadero riesgo está en que los ciudadanos comiencen a creer que la autocracia es preferible a la democracia porque la autocracia es más rápida, menos costosa y, en ciertos aspectos, más eficiente.

La democracia, en cambio, se sostiene en la deliberación, el encuentro con el otro, el diálogo, el pacto y el debate político; es más lenta y costosa. Y es precisamente ese entramado –lento y complejo pero esencial– el que hoy atraviesa una profunda crisis.

Licenciado en Sociología y Ciencia Política por la UNC