Retenciones. No hay Nación posible sin federalismo fiscal

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en las que anunció que en junio se volverán a aplicar o se aumentarán las retenciones a las exportaciones agrícolas no sólo representan una amenaza directa al corazón productivo del país. Son también una puñalada más al federalismo real que nuestra Constitución consagra, pero que la Nación continúa pisoteando.

Desde Córdoba, como representante de una provincia que sostiene con esfuerzo, talento e innovación buena parte del músculo exportador argentino, no puedo quedarme en silencio. No sólo como legislador, sino como hombre del interior y como argentino comprometido con la equidad fiscal. Lo que se le hace al agro cordobés no es otra cosa que una exacción moderna: injusta, desequilibrada y contraria al espíritu de la organización federal.

En 2024, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro aportó cerca de 5.350 millones de dólares en concepto de derechos de exportación, tributo que recae con especial dureza sobre el complejo sojero, el maíz y el trigo. Se estima que en 2025 esa cifra podría escalar a 8.300 millones de dólares. Córdoba, por sí sola, aporta cerca del 20% de esa recaudación: más de 1.000 millones de dólares en 2024 y se proyectan unos 1.500 millones este año.

¿Qué recibe a cambio? Nada. Cero. Porque las retenciones no son coparticipables. Van directamente al Tesoro nacional. A la caja centralista que no distribuye ni retorna esos fondos en obras, infraestructura o servicios esenciales.

Estamos hablando de una provincia que lidera el desarrollo agroindustrial; que invierte en caminos rurales, educación técnica y conectividad productiva; que sostiene con recursos propios gran parte del entramado logístico que permite a la Nación recaudar. El índice Fada (diciembre de 2024) no deja lugar a dudas: el 64,3% de la renta agrícola queda en manos del Estado, de los cuales más del 67% son impuestos nacionales no coparticipables. Una mecánica confiscatoria disfrazada de “solidaridad”, que castiga a quien produce y premia a quien concentra.

La promesa de eliminación gradual de las retenciones fue una de las banderas de campaña del actual presidente de la Nación. Su incumplimiento no es menor: es un golpe a la confianza pública y una señal alarmante para el federalismo fiscal argentino. Lo advirtió Alberdi hace más de un siglo: “Cambiar una contribución por otra es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo, operación en que hay siempre peligro de ruina”.

El federalismo no se declama: se ejerce con recursos, con equidad tributaria y con respeto por la autonomía provincial.

La reforma constitucional de 1994 estableció un principio claro en su artículo 75, inciso 2: la distribución de los recursos debe ser “equitativa, solidaria y dar prioridad al desarrollo armónico y a la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Hoy ese mandato es letra muerta.

Desde Córdoba, junto a los gobernadores de la Región Centro, hemos dado muestras de madurez política y colaboración institucional con la Nación. Pero no confundamos diálogo con sumisión. Como ya lo expresó el gobernador Martín Llaryora, “nuestros productores no mandan su plata a las islas Caimán: la reinvierten en cada pueblo, en cada comunidad, generando empleo y desarrollo real”. El campo cordobés no especula, produce. No posterga, invierte. Y no merece ser castigado por eso.

Desde este lugar o desde cualquier lugar de nuestra provincia de Córdoba, y con el respaldo de un pueblo que cree en el trabajo como motor de progreso, exhorto al Gobierno nacional a abandonar esta mirada cortoplacista, que sólo profundiza asimetrías. Si se concreta el regreso de las retenciones, Córdoba no lo dejará pasar como un dato más. Porque no hay Nación fuerte con provincias débiles. No hay futuro común si no respetamos el pacto federal.

La voz de Córdoba no es una queja; en todo caso es un grito de justicia.