Debate. Los naranjitas: ¿economía popular o extorsión legalizada?

En los últimos meses, la agenda pública y mediática de Córdoba se concentró en los llamados “naranjitas”. Mientras un sector de la sociedad considera que la actividad de los cuidacoches informales es extorsiva y exige su prohibición, otro impulsa su defensa y regulación. De hecho, parte del clero tomó postura.

El arzobispo Ángel Rossi recibió a más de 100 cuidacoches y expresó que la Iglesia Católica sostiene una posición de inclusión, acompañamiento y defensa de quienes suelen quedar al margen social. “Si la economía popular retrocede, avanza la economía criminal”, sostuvo.

Sin embargo, detrás del discurso humanitario se esconde un problema mucho más profundo: el avance de la coerción estatal sobre la libertad de los cordobeses.

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó recientemente una ordenanza que modifica el sistema de estacionamiento controlado. El proyecto redefine la actividad de los cuidacoches, quienes pasarán a denominarse “constatadores urbanos”. Pero, lejos de devolverle orden o libertad a la ciudad, el nuevo esquema institucionaliza un sistema compulsivo de recaudación.

A partir de ahora, los cordobeses ya no serán libres de colaborar voluntariamente con un cuidacoches. Estarán obligados a pagar mediante una aplicación municipal, códigos QR o medios digitales autorizados por el Estado.

Aunque los "naranjitas" dejarán de recibir dinero directamente del ciudadano, tendrán la facultad de verificar si el conductor inició correctamente el estacionamiento y podrán dar aviso a la autoridad municipal en caso de incumplimiento.

El valor del estacionamiento será equivalente al 60% del precio de un litro de nafta premium de YPF en Córdoba. Traducido a la realidad: aproximadamente $ 1.300 por hora. Lo que antes era una práctica informal y discutible, ahora se transforma en un sistema de recaudación oficializado por el municipio.

Desde una mirada liberal, esta ordenanza es lisa y llanamente inmoral, porque cercena la libertad individual y convierte una necesidad social en un nuevo mecanismo de coerción estatal. El liberalismo tiene como principio fundamental la defensa irrestricta de la libertad individual: el derecho inviolable de cada persona a vivir su proyecto de vida sin interferencias ni agresiones contra su propiedad privada, ya provengan de particulares o del propio Estado.

Agredir significa invadir, coaccionar, amenazar o utilizar la fuerza para torcer la voluntad ajena, o apropiarse del fruto del trabajo de otra persona. Y a los liberales no nos interesa quién ejerce la agresión: puede ser un delincuente común o un funcionario público. El principio moral es exactamente el mismo.

Un liberal diría, sin rodeos, que la obligatoriedad del pago del estacionamiento en la vía pública constituye un robo institucionalizado. Si un delincuente le roba un millón de pesos a un cordobés a punta de pistola, la sociedad condena el hecho y el responsable termina preso. Pero cuando el Estado obliga al ciudadano a pagar bajo amenaza de multa, aparecen cientos de argumentos sentimentales y políticos destinados a justificar lo injustificable.

La lógica de fondo no cambia: en ambos casos se utiliza la coerción para quitarle a una persona el fruto de su trabajo. Y aquí aparece una de las mayores contradicciones del debate: muchos sostienen que, como la medida fue aprobada como norma legal, entonces automáticamente se vuelve legítima.

Pero la legalidad no convierte un acto en moral. Los impuestos y tasas no son voluntarios. Si el ciudadano decide no pagar, el municipio utilizará su poder coercitivo para castigarlo. Esa coerción podrá venir disfrazada de multa, sanción o persecución administrativa, pero coerción al fin.

El reconocido autor libertario Murray Rothbard advertía que gran parte de la sociedad tiende a no cuestionar al Estado porque lo asocia automáticamente con servicios esenciales. Así, cualquier crítica al financiamiento estatal es presentada como un ataque a la sociedad misma.

Pero cabe preguntarse algo elemental: ¿qué servicio concreto recibe el cordobés a cambio de este nuevo sistema? ¿Seguridad? ¿Asistencia? O, dicho de otro modo: ¿qué contraprestación recibe el cordobés?

Los liberales no estamos en contra de los "naranjitas". Estamos en contra de cualquier mecanismo que, mediante violencia o coerción, vulnere la propiedad privada y la libertad individual, independientemente de quién lo ejecute. Uno de los postulados más famosos del peronismo es “donde hay una necesidad nace un derecho”. A partir de ahora, los "naranjitas" tendrán el derecho a “constatar” pues una ordenanza se lo ha concedido y ya nadie podrá negarlo… Otra conquista peronista.

Un postulado liberal (que se me ocurre para la ocasión) es el siguiente: con esta nueva regulación, Córdoba da un mensaje de “donde hay una necesidad nace un impuesto”. En efecto, hoy los "naranjitas" tendrán el “derecho” de constatar porque una ordenanza así lo decidió. Mañana cualquier grupo organizado podría reclamar funciones similares financiadas compulsivamente por los contribuyentes.

Y ese es el verdadero peligro de esta ordenanza. Porque el mensaje político que transmite es devastador: si el Estado no puede resolver un problema, entonces lo institucionaliza, lo regula y finalmente lo convierte en una nueva caja recaudatoria.

Este precedente representa una preocupante señal de debilidad institucional y abre la puerta a un modelo donde la ocupación del espacio público, la presión social y la informalidad terminan convirtiéndose en derechos adquiridos financiados por la fuerza por los ciudadanos de Córdoba.

Tal vez haya llegado el momento de empezar a discutir seriamente las consecuencias de estas normas antes de que la excepción se convierta definitivamente en la regla.

Dirigente libertaria