Debate. La medicina prepaga ya no es para la clase media
Cuando 740 mil personas dejan de tener una cobertura privada, ya no estamos hablando de casos individuales y aislados, sino de una crisis estructural de acceso.
En los últimos días se conoció un dato alarmante: más de 740 mil personas dejaron de tener cobertura de salud privada en los últimos dos años.
Pero si nos ponemos a analizar, hay algo mucho más profundo: nos encontramos en una situación donde hay familias que tienen que elegir entre pagar la prepaga o pagar el alquiler, la comida y servicios básicos.
La postal es más complicada aún cuando vemos a los jubilados, adultos mayores que aportaron toda su vida y hoy no pueden sostener la cobertura médica que tenían mientras trabajaban.
Algo que se veía venir
Quienes trabajamos en el ámbito del derecho de la salud venimos observando este fenómeno desde hace un tiempo: la creciente dificultad de amplios sectores de la población para sostener el acceso a la medicina privada. Pero, sinceramente, nunca vi un nivel de expulsión tan marcado del sistema privado de salud.
Antes, las consultas eran por aumentos puntuales, como los debidos a la edad; hoy, muchísimas personas directamente sienten que no pueden seguir sosteniendo la cobertura. Esto se debe, entiendo, a que cambiaron varias cosas al mismo tiempo: el decreto 70/2023 permitió los aumentos libres y discrecionales de las prepagas y, a la vez, los ingresos quedaron muy por detrás.
Entonces el problema ya no es sólo cuánto aumenta una cuota, sino que cada vez más familias tienen que elegir entre pagar la prepaga o afrontar otros gastos básicos. Y eso se refleja también en la enorme judicialización que estamos viendo en materia de salud.
Crecen los conflictos que llegan a la Justicia vinculados con la salud: reclamos relacionados con aumentos de cuota, bajas de afiliación, continuidad de cobertura al momento de la jubilación, cobertura de prestaciones por discapacidad, acceso a medicamentos y continuidad de tratamientos médicos esenciales.
Durante años, la medicina prepaga fue percibida como un símbolo de estabilidad y de previsibilidad.
Muchas familias organizaban su economía alrededor de la posibilidad de contar con cobertura privada. Sin embargo, en muy poco tiempo ese esquema comenzó a volverse insostenible para miles de personas.
Libertad de aumentos
Las noticias suelen centrarse de modo casi exclusivo en el porcentaje de aumento de las cuotas, pero el verdadero problema no puede analizarse aislado de los ingresos reales de la población.
La cuestión no es sólo cuánto aumenta la prepaga, sino cuánto aumenta en relación con los ingresos. Cuando aumenta muy por encima de los ingresos, la ecuación empieza a dejar de cerrar.
Tras el DNU 70/2023, el subsistema privado de salud ingresó en una etapa de mayor flexibilización en materia de precios: las prepagas pueden establecer de forma libre el porcentaje de aumento correspondiente al mes siguiente e, incluso, pueden determinar porcentajes de aumentos distintos para diversos lugares del país.
Sin embargo, esta libertad no debería eliminar principios básicos que siguen siendo esenciales en materia de salud: razonabilidad, previsibilidad, transparencia y protección del afiliado.
La crisis de financiamiento del sistema de salud es real; las prepagas no son villanas absolutas.
Es cierto que se enfrentan aumentos constantes en medicamentos, tecnología médica, prestaciones y costos operativos, pero el problema aparece cuando el peso de ese desequilibrio termina trasladándose casi exclusivamente al afiliado.
Y aquí aparece otro aspecto central en esta problemática: cuando una persona pierde su cobertura privada, no desaparece del sistema de salud, esa demanda se traslada de modo inevitable al sistema público, que ya funciona bajo enormes niveles de presión y saturación.
Derecho a la salud
Uno de los sectores más afectados es el de los jubilados. Son frecuentes los casos de personas que trabajaron y aportaron a una obra social durante décadas y que, al llegar al momento de mayor necesidad médica, descubren que mantener su cobertura se vuelve económicamente inviable.
Muchos deben judicializar situaciones vinculadas a continuidad de afiliación, derivación de aportes o aumentos que consideran irrazonables.
La creciente judicialización de conflictos vinculados a la salud es, en gran medida, una consecuencia de esta realidad.
Pero no puede naturalizarse que la única forma de garantizar el acceso a la salud sea a través de un juicio; debería haber organismos estatales, gratuitos, que funcionen como una alternativa real para la protección de los derechos.
Cuando 740 mil personas dejan de tener una cobertura privada, ya no estamos hablando de casos individuales y aislados: estamos hablando de una crisis estructural de acceso.
La Argentina está discutiendo algo mucho más profundo que el valor de una cuota: está discutiendo quiénes van a poder acceder de manera efectiva a la salud y bajo qué condiciones.
Abogada
