Mauricio Macri y el Estado

En declaraciones ­recientes, Mauricio Macri se pronunció a favor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y afirmó que no privatizará ni YPF ni Aerolíneas. Son declaraciones sensatas y hasta obvias. La AUH –un proyecto de Elisa Carrió– es una medida que tiene amplio respaldo, especialmente porque, a diferencia del resto de los subsidios, la uni­versalidad la pone fuera del ­alcance del aparato político. ­Aerolíneas e YPF fueron pri­vatizadas por los peronistas y estatizadas luego por los mismos peronistas, lo que en ambos casos generó buenos lucros ­prebendarios.Lo mejor que se puede hacer por ellas es dejarlas en paz, reordenarlas y ver más adelante. Por otro lado, con estos anuncios Macri da una señal de la prudencia con que se manejaría si llegara al gobierno, y aventa la estereotipada imagen de privatista ideológico, instalada en mucha gente, no sólo oficialista.De inmediato los kirch­neristas declararon que Macri había cambiado el discurso, adoptando el "proyecto" y el "modelo". Son chicanas electorales que no darían para mucho comentario si, a la vez, no reflejaran un malentendido que tampoco es exclusivo de los K, pues muchos periodistas independientes se sumaron a esa explicación. En el fondo, muchos creen que el kirchnerismo, a diferencia del menemismo, reconstruyó el Estado y desarrolló políticas estatistas.En realidad, es al revés. El kirchnerismo completó la destrucción del Estado, iniciada por el menemismo, lo fragmentó y desarticuló, utilizando cada parte como instrumento de un gobierno hipertrofiado.

Los mismos políticos partici­paron en ambos gobiernos, con una coherencia que por lo general no se subraya. Los golpes contra el Estado hicieron crecer a los gobiernos discrecionales y arbitrarios, y en ese aspecto Carlos Menem y los Kirchner se parecen mucho. Tratando de liberarse de controles molestos, ambos avanzaron sobre los funda­mentos jurídicos del ­Estado. Según la Constitución, este se asienta en el gobierno 
de la ley y en las instituciones republicanas.

El avance del Ejecutivo comenzó con Menem y las leyes de emergencia y culmina en nuestros días con el ataque a la Justicia por parte de Cristina Kirchner, quien ha agregado una novedad discursiva: el avasallamiento se justifica en nombre de una legitimidad que los votos conceden al presidente. El gobierno discrecional se ha devorado al Estado, el gobierno de la ley retrocede y reina la inseguridad jurídica.

Por el mismo proceso, el Gobierno avanzó sobre la administración del Estado, esto es las agencias, oficinas y dependencias encargadas de la gestión de gobierno y poseedoras del saber técnico acumulado por una burocracia experta.

El manejo político de la administración no es nuevo, pero con los K la diferencia es más que cuantitativa. Desde el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hasta la reciente colonización de los ministerios por La Cámpora, este gobierno completó la demolición estatal.

Quienes se quejan por una excesiva intervención estatal deben fijarse si se tra­ta de un Estado en forma, con sus regulaciones y controles, o simplemente 
de una pieza suelta, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) o la Secretaría de Inteligencia, utilizada por un gobierno que ya ha transpuesto los límites de la ley. Quienes piensen que con los K el Estado estuvo activo, deben mirar las realizaciones, muy inferiores a los anuncios e inauguraciones.

En estos 12 años, la gestión fue mala o pésima, con casos extremos y muy costosos, como el déficit energético.

La incapacidad administrativa se entrelazó con una corrupción convertida en régimen cleptocrático, pues el Gobierno promovió aquellas iniciativas que más “retornos” les generaban. Sólo una combinación de pésima gestión y alta corrupción puede explicar la situación a la que llegó Aerolíneas.

La reconstrucción del Estado es la prioridad de un gobierno que se proponga el cambio. En primer lugar, tendrá que mostrar con claridad que se propone restablecer el Estado de derecho y encarar la reparación institucional.

Necesita generar un

shock

de confianza, pues las urgencias de todo tipo reclamarán una alta dosis de ejecutividad.

Es probable que, al menos por un tiempo, recurra a los decretos de necesidad y urgencia, legales pero ajenos a las buenas prácticas republicanas, de modo que debe quedar muy clara cuál es su intención general.

Por otro lado, el nuevo gobierno deberá mejorar de forma sustancial lo que Macri denominó la administración.

Habrá que recuperar a los funcionarios capaces –muchos se fueron, pero otros permanecen, arrinconados– y devolverles la normalidad a las oficinas y agencias que saben cómo hacer las cosas.

La capacidad de gestión y la seguridad jurídica son los pilares de un Estado en forma. Sin la herramienta estatal, no hay manera de atacar con seriedad problemas como los de la pobreza.

La declaración de Macri coincide con lo que, de forma más explícita, han dicho Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Señalar los problemas del Estado y de su administración hará más nítida la opción electoral y permitirá elevar el nivel y la calidad de la propuesta.

La cuestión de la mala gestión lleva a la corrupción cleptocrática, que no se soluciona sólo con el castigo del delito, pues medio país transita hoy por la zona gris de la ley a medias y el amparo prebendario. A la vez, permite identificar a quienes llevaron al país a esta situación deplorable y que hoy nutren las boletas electorales del oficialismo, desde el candidato a presidente hacia abajo.

Cuando hayamos llegado a la situación de tener un Estado básico y normal, con respeto a la ley y funcionarios eficientes y capacidad para controlar al gobierno, podremos comenzar la segunda discusión: pensar qué otras cosas debe hacer el Estado. Por ejemplo: discutir hasta dónde su acción se ajustará a la lógica del mercado y cuándo deberá intervenir en función de otros aspectos del interés general, como la equidad.

En los países normales, estos son los temas que se discuten. Nuestra prioridad hoy está en llegar a la situación de poder discutirlos.

Y para eso necesitamos rehabilitar al Estado, que los gobernantes kirchneristas han destruido de forma sistemática.