Matar al enfermo para curarlo

"Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino…", son célebres palabras de Nicolás Avellaneda, que nos dan un claro mensaje: las sociedades deben construir su porvenir y su futuro apoyándose en los aciertos del pasado, pero recordando, también, para no volver a cometer errores. La demolición de la actual Casa de Gobierno de Córdoba es un acto de desidia e ineficacia del Estado provincial en la preservación del patrimonio construido y en el respeto de la memoria colectiva de un sector de la ciudad. Pero, lamentablemente, forma parte de una sociedad que, junto con sus gobernantes, no ve más allá de mañana; el gobernar el día a día o, como se dice en estos tiempos, con el diario en la mano, nos recuerda a los tiempos de algún presidente que leía un periódico impreso sólo para él. La falta de planificación y políticas de mediano y largo plazo trae como consecuencia, en el ámbito de lo urbano y patrimonial, la destrucción sistemática de edificios históricos. Para la Unesco, una construcción mayor de 50 años es considerada un bien a preservar y cuidar. Destruir la generación anterior. Córdoba tuvo a fines del siglo 19 un explosivo desarrollo urbano en la denominada Nueva Córdoba, que hasta entonces era apenas una barranca abandonada. Allí, el arquitecto Carlos Thays diseñó el parque Sarmiento y el descampado se convirtió en una pequeña París, con su ancha diagonal antes denominada avenida Argentina, hoy Hipólito Yrigoyen. Así es como las casas señoriales comenzaron a levantar un perfil de ciudad muy distinto al colonial del casco histórico. El punto culminante de esta belle époque fue el Palacio Ferreyra, casa residencia de una familia de prósperos inmigrantes. Cuando llegó el progreso de la década de 1930, la ausencia de políticas de planificación ocasionó la paulatina destrucción del patrimonio arquitectónico, que continúa hasta nuestros días. Bien se podría haber construido una segunda Nueva Córdoba en el actual barrio Jardín, por ejemplo, donde los edificios en altura podrían haber valorizado un sector de la ciudad que aún está deprimido.Pero el punto culminante de la desaparición patrimonial de Nueva Córdoba fue el Palacio Ferreyra. El tiempo electoral apremió al gobernador José Manuel de la Sota, que con un asombroso hermetismo procedió a demoler el interior del Palacio, con sus habitaciones señoriales, su ascensor de hierro, su escalera de pinotea y su frondosa arboleda centenaria. Expuesta la necesidad de abrir museos a la sociedad, se podría haber construido un nuevo edificio, por ejemplo, sobre la avenida Lugones, como se hace en los países desarrollados.Estos mismos errores se cometen en la actual gestión del gobernador Juan Schiaretti. La necesidad de inaugurar obras lo lleva a tomar decisiones equivocadas sin siquiera el llamado a concurso público de ideas y anteproyectos. Por fin el Centro Cívico. La construcción de un gran edificio para que albergue la actividad del Ejecutivo provincial es un viejo anhelo que data de la década de 1950. En aquella oportunidad, se invitó a los más importantes estudios de arquitectura del país a concursar para un edificio que estaría localizado en el sector del río Suquía, donde hoy está Epec. El proyecto ganador nunca fue ejecutado, al igual que el concurso organizado en 2001 por la gestión De la Sota, en el que el estudio del arquitecto Luis Bruno, de Buenos Aires, fue el ganador con un diseño muy ambicioso que estaba localizado junto al complejo Ferial. Pero el sueño casi centenario se está haciendo realidad en estos momentos. Una obra millonaria dejará a Córdoba, por fin, con su nueva Casa de Gobierno. El proyecto, a diferencia de los anteriores, no fue concursado y se ejecuta junto al río Suquía, como estaba planificado hace más de 60 años.Esta obra implica el desmantelamiento de la actual sede en Nueva Córdoba y la ejecución, allí, de un parque temático que, siguiendo el modus operandi de gestiones anteriores, deja al descubierto intereses económicos y políticos que la sociedad en su conjunto desconoce.Decisiones de tamaña envergadura, como construir un Centro Cívico de casi 500 millones de pesos a la vera del río Suquía y demoler una construcción histórica, merecen un tratamiento a mediano plazo, con estudios y análisis realizados por las instituciones correspondientes.Paradójicamente, mientras debatimos este tema, la ciudad de Córdoba continúa sin la adecuada provisión de los servicios básicos de infraestructura, con serios y prioritarios problemas de agua, cloacas, energía eléctrica y red vial.