La mala fe como metodología política

El pasado martes 23, se publicó en este diario una nota con declaraciones del legislador Ricardo Fonseca (Frente Cívico y Social). La analicé cuidadosamente y arribé a la conclusión de que el inefable legislador obra con total mala fe. En numerosas oportunidades, en el recinto de la Unicameral, Fonseca se refirió a la deuda flotante como una diferencia entre el gasto público comprometido y el gasto público pagado. En cada una de esas oportunidades, tanto cuando se trata el presupuesto como en reiterados debates de índole económica, personalmente aclaré la cuestión conceptual de fondo: "comprometido" no es "devengado"; mal podría deberse un servicio que no se devengó o una obra que aún no se realiza. Eso configuraría lisa y llanamente un delito.Por ejemplo, en un contrato de un servicio que se presta a lo largo de un año, se debe comprometer, según la normativa vigente, el ciento por ciento del contrato en enero, pero en marzo sólo estará ejecutado, por ejemplo, el 25 por ciento, por lo que, como máximo, podría haberse pagado ese porcentaje, pero el 75 por ciento restante de ninguna manera es deuda.Por esto ya no puedo creer ingenuamente que se trate de un simple error conceptual, sino de mala fe, en la búsqueda de sacar algún rédito político intentando confundir al lector.

Con esos cálculos incorrectos y malintencionados, para el legislador Fonseca la supuesta deuda provincial supera los 31 mil millones de pesos, ya que suma a esos cálculos la deuda de las empresas del Estado, sin considerar que, como en toda empresa, la deuda se paga con su propio giro comercial.

Es más, en el caso de que el Estado tenga que asumir alguna deuda de una empresa estatal, el monto se informa en todas las ejecuciones presupuestarias dentro de los compromisos de la administración central y que trimestralmente recibimos en la Legislatura, enviadas por el Ejecutivo.

Las obligaciones del Tesoro de la provincia (deuda flotante) al 31 de marzo último son de 3.430 millones de pesos, como se informó en la ejecución trimestral.

Y esa deuda flotante incluye los salarios devengados en marzo, por 996 millones de pesos, que fueron pagados en los primeros días de abril, por lo que la deuda flotante neta con proveedores de la administración central es de 2.434 millones de pesos.

Por supuesto que la mala fe del legislador Fonseca tampoco le permitió hacer referencia a este punto. La deuda pública provincial al 31 de marzo asciende a 15.026 millones de pesos (incluida la deuda de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento), y si quiere sumarle la deuda flotante, el monto ascendería a 18.456 millones de pesos, muy lejos de los 31 mil millones que señala Fonseca.

*Legislador provincial por Unión por Córdoba