La caja es una sola
La caída de la inversión pública afectará el nivel de actividad y la dinámica del mercado de trabajo, y repercutirá de forma negativa en la recaudación de ciertos tributos.
En los últimos días, comenzó la puesta en escena para el inicio de las paritarias. El Gobierno en sus tres niveles, centrales empresariales y sindicatos ventilan sus aspiraciones con diferentes argumentos, preparándose para la discusión de fondo que tendrá lugar en un contexto algo diferente al de años anteriores. El levantamiento policial de fin de 2013, que derivó en aumentos de haberes para el sector –con un efecto expectativa en el resto de los agentes estatales–, y la devaluación brusca de enero con su correlato en precios subieron el piso y meten presión a la discusión.A esto se suma que 2013 fue un año en el que, más allá de la estadística, los aumentos nominales del salario promedio no lograron compensar la inflación, con la consiguiente caída del salario real, mientras que en enero de 2014, el flamante IPCnu registró un inesperado 3,7 por ciento.En este marco, las demandas se potencian y, en un extremo, algunos gremios docentes nacionales reclamaron una suba del 61 por ciento; mientras que en el otro, el Gobierno nacional propone un aumento de 22 por ciento escalonado.Mientras tanto, un grupo de 15 gobernadores intentó, con poco éxito, coordinar la explicitación de una pauta del orden del 25 por ciento, en tanto otros mandatarios optaron por la respuesta unilateral –cosa que podría hacer el Gobierno nacional de no prosperar el diálogo– decretando aumentos escalonados que alcanzarán el 30 por ciento en la segunda mitad del año.
Múltiples costos
El Gobierno central parece consciente de las dificultades de un desborde de la negociación, no sólo por la rápida erosión que implicaría para el tipo de cambio real tras el salto devaluatorio, sino por el impacto que esto generaría en las ya de por sí deficitarias cuentas públicas consolidadas. En esta línea parece inscribirse el aumento de pasividades de 11,31 por ciento que se anunció a partir de marzo, uno de los ajustes más bajos desde la vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Si bien el rubro remuneraciones representa sólo el 13 por ciento del gasto primario nacional, en el conjunto de las provincias, esa participación asciende al 48 por ciento, por lo que el Tesoro no deberá lidiar únicamente con su propio costo, sino con el de muchas provincias que no podrán afrontar una política salarial laxa.
Las provincias finalizaron 2013 con un resultado financiero deficitario del orden de los 11 mil millones de pesos, con un gasto en personal de 257 mil millones de pesos, por lo que cada punto de incremento salarial representa 2.570 millones de pesos adicionales de gasto.
Si consideramos como un escenario probable –en virtud del estado de las negociaciones– un incremento promedio de sueldos del 30 por ciento (lo que equivaldría a una suba de 34 por ciento de la masa salarial en virtud de la automaticidad de ciertos rubros), las jurisdicciones provinciales deberían afrontar la friolera de 77 mil millones de pesos de incremento en personal, lo que elevaría el déficit a 30 mil millones de pesos para este año. Si sumamos los 23 mil millones de pesos de vencimientos de deuda, las necesidades financieras de las provincias redondean 53 mil millones de pesos.
Margen estrecho
Pero, a diferencia de lo ocurrido el año pasado cuando las recaudaciones tributarias locales aumentaron a un ritmo récord del 50 por ciento anual, las provincias ya no podrán aumentar tan fácilmente sus recursos, luego del incremento generalizado de la presión tributaria que vienen registrando.
Además, la alternativa de financiamiento vía emisión de bonos bajo la modalidad dólar
linked
(se pagan en pesos al valor dólar) –a la que habían accedido algunas jurisdicciones, principalmente las más grandes– ha quedado bloqueada como consecuencia de la devaluación.
Ante este estrecho margen de maniobra, es probable que los gobernadores reduzcan sus pretensiones en materia de obras públicas en un año sin compromisos electorales, lo que no resultará neutro.
La caída de la inversión pública afectará el nivel de actividad y la dinámica del mercado de trabajo, y repercutirá en forma negativa en la recaudación de ciertos tributos. También podrán postergarse pagos, lo cual incrementaría la deuda flotante, pero esto sólo permitirá compensar una pequeña proporción del desequilibrio proyectado. El resto recaerá sobre el Tesoro nacional, que sin nuevo financiamiento continuará apelando al recurso de la emisión.
Nota extraída del sitio
Bastión Digital
.
*Investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
