La Argentina no tiene nada que negociar
No hay alternativa para la crisis de deuda que vive el país sin replantear los términos del problema. La razón: no existe solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda.
Hablar de "negociación" en el marco de la gravísima encerrona financiera y legal en que está metido el Estado argentino es un eufemismo. La posición de nuestro país después del fallo a favor de los fondos buitre no puede ser peor. El juez Thomas Griesa ha designado un mediador para tratar de resolver el entuerto generado por su sentencia al afectar derechos de terceros (los bonistas que ya entraron en el Megacanje 2005-2010), y colocar a la Argentina entre la espada y la pared frente a una fallo que, dado su naturaleza y alcance, es de cumplimiento imposible.Antes de "negociar" así, es mejor no hacerlo, porque las consecuencias –incalculablemente negativas para el Estado– obligan a considerar la variante cierta y preferible de blanquear un nuevo default .
Una avalancha
El juicio –perdido en todas sus instancias legales– no permite evitar la avalancha de nuevas demandas, actuales y futuras, por parte del resto de los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (más de 20 mil millones de dólares).
Tales nuevas demandas, cuyo destino es ser pagadas con más deuda en bonos, se suman a los 600 millones de dólares del Ciadi, los seis mil millones de dólares de Repsol, los 9.700 millones de dólares del Club de París y los 10 mil millones del Bonar 2017, sin contar los nuevos préstamos de los organismos multilaterales de crédito en curso.
La cuenta regresiva por el pago de intereses de los bonos
discount
–cuyo abono fue bloqueado por orden judicial y ahora tiene fecha límite el 30 de este mes– estrecha los tiempos de negociación y llevaría al país a un
default
técnico.
Este doble encierro, derivado de una extralimitación del juez al poner a los bonistas como rehenes del pago a los
holdouts
y al estrangular los tiempos de negociación de la Argentina con su negativa a la reposición del
stay
–la medida cautelar que suspende de manera transitoria la ejecución de la sentencia–, determina una situación de hecho tan gravosa como inaceptable para el país.
Las cláusulas leoninas aceptadas con el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 hacen el resto: prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, prórroga de jurisdicción en la ejecución de sentencia, renuncia a la inmunidad soberana, acreedor más favorecido, Rufo (siglas en inglés de derecho sobre futuras ofertas),
cross default
o incumplimiento cruzado,
negative pledge
o compromiso de no hacer, etcétera.
Todas las nuevas obligaciones que se están tomando aumentan la proporción de la deuda pública externa con terceros, empeoran el perfil de vencimientos de la deuda total y trasladan el grueso de los compromisos a las futuras administraciones.
A su vez, cualquier arreglo al que se llegue para paliar la situación actual no exime a la Argentina de la apertura de otro frente de tormenta legal con los bonistas que ya entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna, por la existencia de las controvertidas cláusulas específicas “acreedor más favorecido” y Rufo.
Tales cláusulas constituyen una amenaza cierta de exponer al país a nuevos reclamos, cuyo costo es incalculable: el Gobierno habla de 120 mil millones de dólares.
Necesidad del “default”
Todas estas circunstancias concretas hacen que hablar hoy de negociación sobre la forma de pago de la sentencia Griesa sea un intento de diálogo perdido de antemano.
El Gobierno parece haber percibido tardíamente la magnitud y gravedad de esta situación y no podría intentar ahora replantear su posición sin tener que reconocer el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen y sus secuelas, con la reapertura del canje 2010 y la equívoca aplicación de la ley cerrojo 26.017.
Se declara la voluntad de pagar mientras se carece de capacidad de repago para poder atender todo el conjunto de las obligaciones, como no sea emitiendo nueva deuda para cancelar la que va cayendo por capital.
Es un intento denodado por cumplir la hoja de ruta de Amado Boudou, que comprende la liquidación de la cuestión de los
holdouts
y el arreglo con el Club de París como prerrequisitos de la vuelta al mercado internacional de capitales, para colocar nueva deuda pública.
Pero si no se ataca el problema de fondo de la insolvencia, nunca se podrá intentar siquiera revertirlo, sino tan sólo jalonar un nuevo capítulo del drama de la deuda perpetua, aquella que sólo se paga con más endeudamiento.
Ante este “callejón sin salida”, no hay alternativa para la crisis de deuda que vive el país sin replantear los términos del problema. La razón: no existe solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda.
La crisis por insolvencia e iliquidez afecta a la totalidad de la deuda pública argentina, y el fallo por los
holdouts
sólo es el detonante de esa crisis. Así, dado que la única alternativa disponible del país es seguir pagando de modo indefinido deuda con deuda y salir al mercado a tomar más deuda, el Gobierno necesita blanquear su situación de
default
por incapacidad de pago.
Por analogía con el derecho concursal, los pagos deben suspenderse y las acreencias tienen que ser revisadas primero en su legitimidad (auditoría integral de la deuda pública) y luego –sobre la parte que se reconozca legítima– debe determinarse la verdadera capacidad de repago de la misma.
Recién entonces –dictamen mediante–, el país debiera encarar una reestructuración forzosa, no voluntaria, de la deuda soberana y con alcance total.
*Licenciado en Economía, experto en deuda externa
