Una ley. ¿Es “hojarasca” la prevención de las adicciones?

En Argentina se impulsa en estos días un proyecto de derogación masiva de leyes, bajo una idea rectora: eliminar normas consideradas obsoletas, inútiles o redundantes. En abstracto, el argumento puede parecer razonable. Todo sistema jurídico acumula reglas envejecidas, estructuras sin función real y disposiciones que han perdido sentido.

El problema aparece cuando, dentro de ese mismo paquete, se incluye la ley 24.960, “Premio Prevención de las Adicciones”. Ahí la discusión deja de ser meramente técnica. Se vuelve política, cultural y también clínica.

Porque una ley de prevención de adicciones no es equiparable a una norma vetusta sobre microfilmación ni a una disposición referida a organismos ya desaparecidos. Incluirla allí es, en términos simples, tirar al chico junto con el agua sucia. En el afán de limpiar el exceso normativo, se elimina también una herramienta que –aunque modesta, imperfecta y subejecutada– expresa una prioridad social valiosa.

La ley que se pretende derogar no crea una estructura burocrática pesada ni impone restricciones serias. Su función consiste en reconocer, estimular y dar visibilidad a acciones preventivas en ámbitos comunitarios, escolares, universitarios y comunicacionales. Busca sostener una señal pública: que la prevención importa y que merece ser jerarquizada. El fundamento oficial para derogarla es que los organismos del Poder Ejecutivo pueden realizar esas acciones sin necesidad de una ley específica. Jurídicamente, puede ser cierto. Políticamente, el razonamiento es pobre.

Desde una mirada psicológica y social, las instituciones también educan por lo que nombran y por lo que dejan de nombrar. Una ley, incluso pequeña, jerarquiza problemas, orienta prioridades y transmite sentido. Cuando el Estado trata la prevención de adicciones como residuo normativo, el mensaje implícito es preocupante: prevenir no sería central; bastaría con intervenir cuando el daño ya está instalado.

Sin embargo, en este campo sabemos que la prevención siempre corre en desventaja. No tiene la espectacularidad de la urgencia, ni el dramatismo de la crisis, ni el impacto mediático del delito. Trabaja antes, en silencio, sobre vínculos, escuelas, familias, grupos, hábitos y sentidos. Trabaja allí donde todavía algo puede ser cuidado antes de romperse.

En lugar de derogarla, existen caminos más sensatos: fortalecerla, corrigiendo sus debilidades y dándole continuidad; o ampliarla, incorporando nuevas formas de consumo problemático, como el juego online y las apuestas digitales, hoy cada vez más presentes entre adolescentes y jóvenes.

La contracara puede verse en Córdoba. Mientras a nivel nacional se discute la eliminación de instrumentos preventivos, en la ciudad se jerarquiza esta agenda mediante el trabajo del Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que articula prevención, salud mental y trabajo comunitario. Allí se parte de una idea simple: no alcanza con llegar cuando el daño ya ocurrió.

Llamar “hojarasca” a una ley de prevención de consumo de drogas no es ingenuo. En una sociedad atravesada por nuevas adicciones y fragilidades crecientes, la prevención no sobra. Lo que sobra es la ilusión de que llegar tarde no tiene costos.

*Psicólogo; director de Programa Cambio