Una historia de amagues y retrocesos

El conflicto de poder con fuerte sesgo ideológico desatado desde hace tiempo dentro de los propios sectores que apoyan al Gobierno nacional, estalló finalmente en la superficie. Con la excusa del pedido de informes de la Justicia de Suiza por un presunto caso de lavado de dinero, tanto el poder sindical que comanda Hugo Moyano como el kirchnerismo duro mostraron sus cartas públicamente. El juego, sin embargo, tiene todavía final abierto. El avance sobre la estructura política y gubernamental por parte de los grupos juveniles nucleados en La Cámpora y organizaciones sociales financiadas por la Casa Rosada, viene saturando la paciencia de los dirigentes gremiales. El choque, como ya se había advertido en esta columna, era inevitable. Esos sindicalistas son habitantes de un peronismo que conserva por igual tradiciones y privilegios, con escasa tolerancia a las ideas renovadoras, más aún si éstas vienen de concepciones de izquierda. Se agrega, desde la muerte de Néstor Kirchner, un notorio distanciamiento entre la presidenta de la Nación y el líder de la central obrera. La estrategia sindical para recuperar terreno fue reclamar para ese sector el 30 por ciento de los cargos electivos del país, comenzando por la propuesta de que sea el asesor de Moyano, Héctor Recalde, quien acompañe a Cristina Fernández en la fórmula presidencial. En el Gobierno, tampoco hay mucha tolerancia con la vieja "burocracia sindical" y, al considerarse ese pedido como un "apriete", la respuesta fue otro "apriete". Mentiras disfrazadas. El exhorto del fiscal de Suiza había llegado a la Cancillería argentina hacía no menos de seis días. Desde la Presidenta hasta el último de los operadores políticos de la Casa Rosada conocían la existencia de ese papel. Moyano también, pero creyó en quienes le dijeron que la solicitud de Suiza sería rechazada y que no se haría pública. Cuando el Centro de Información Judicial dio la noticia y los medios la difundieron, Moyano y sus colaboradores se sintieron traicionados. Liberaron todas las broncas acumuladas, imaginaron todo tipo de conspiraciones, convocaron a la prensa y anunciaron la medida de fuerza que se realizaría el lunes.A los ojos de la sociedad, la decisión de paralizar el país para evitar una investigación judicial, como la amenaza de bloquear a medios y periodistas que difundan noticias en las que esté involucrado el líder camionero, fue una desmesura. Algo absurdo en un Estado de derecho, que convertiría a la Argentina en un país sin ley. Bajo el síndrome que padecen los convivientes con el poder –el de creerse poderosos sin límites y por eso intocables–, Moyano se excedió. Dentro de la CGT, gremios grandes como metalúrgicos, mecánicos o construcción, acostumbrados a la negociación, comprendieron que la reacción era extemporánea y que llevaba a un enfrentamiento abierto con el Gobierno nacional, de continuidad imprevisible. Moyano conoció entonces las fronteras de su poder y debió retroceder. ¿Ahora o nunca? Detrás de esas escena, en la Casa Rosada se dispararon los deseos más íntimos de cada uno de los que pueden hacer oír sus voces. Allí se evaluó si era la oportunidad de romper con el líder de la central obrera. Fueron horas de análisis en las que se compartieron con la Presidenta los pros y los contras que tendría una decisión semejante. Una fuente oficial que participó del intercambio resumió las dos posturas principales: "Es un 'piantavotos'; el apoyo que perdamos de Moyano es menor al que ganaremos de sectores de la clase media", fue la especulación electoral. "Este modelo está dirigido a los trabajadores; no podemos vaciarlo: la CGT tiene que estar", fue el contrapeso. Julio De Vido, ministro de Planificación y uno de los nexos políticos del Gobierno con el sindicalismo, se encargó de sondear la voluntad de Moyano para no llevar las cosas tan lejos. "Está bien, pero basta de atropellos. Los trabajadores somos el peronismo", dicen que dijo el jefe de la CGT, y habría recibido una promesa de profundizar el diálogo. Al rato, suspendió la medida de fuerza y todos respiraron más tranquilos. Al anochecer de un viernes cargado de tensiones, la Presidenta dio un discurso en Avellaneda y, como nunca lo hace, el eje conceptual fue la unidad del PJ. Entre los tantos motivos que llevaron al choque con Moyano, está la decisión del Gobierno de disolver la Administración de Programas Especiales (APE) que maneja los subsidios a las obras sociales sindicales. El titular del organismo y todo su equipo, puestos allí por el jefe de la CGT, renunciaron en medio de la crisis. Pero fuentes sindicales aseguran que las tensiones venían acumulándose por el manejo de esa caja que mueve mil millones de pesos.Eso muestra que el exhorto suizo fue sólo un detonante. Y que el conflicto de fondo no está resuelto, ni mucho menos. Por ahora, ambos sectores ya se mostraron los dientes.