Eternas variables de ajuste

No pocas provincias y municipios han decidido imponer incrementos tarifarios e impositivos con argumentos eufemísticos como los siguientes: a) que están destinados para inversión y expansión de sistemas e infraestructura; b) que se realizan por única vez; c) que son para fondos específicos con afectación exclusiva y excluyente. En realidad, la conflictiva situación político-económica federal podría acentuar la crisis del desarrollo social. En efecto, los ajustes diseñados no se ocupan del mejoramiento del nivel de vida. Más que censurarlos, es preciso mancomunar sus objetivos con los del bienestar general.Cuando se niegan aumentos efectivos en las tarifas (falsas reestructuraciones), se oculta que al no ser genuinos y legítimos ajustes tarifarios –autorizados por las agencias de regulación y control público– se convierten en impuestos. Y estos sólo pueden resultar aprobados, en doble lectura, por las legislaturas locales, provinciales o nacionales, según las previsiones constitucionales respectivas.Lo cierto es que, desde administraciones anteriores, los contribuyentes y usuarios venimos soportando recargos injustificables sobre servicios públicos esenciales, como electricidad (pese a los cortes de luz, semáforos fuera de funcionamiento), agua potable, servicios cloacales (desbordados) y transporte urbano, entre otros.También sufrimos incrementos impositivos en materia de patentes, propiedades urbanas y rurales, peajes, combustibles y más.Es verdad que ante un federalismo teórico y un unitarismo práctico, muchos gobernadores e intendentes privados de sus legítimas coparticipaciones se ven acorralados y obligados a incrementar de manera injusta tarifas e impuestos. Esto viene sucediendo en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la Capital Federal, entre otras jurisdicciones. No obstante, también es cierto que existe una omisión común inaceptable, toda vez que deberíamos contar con una ecuánime y equitativa ley de coparticipación federal desde 1996.Quedaríamos a mitad de camino si no añadimos que todo esto involucra también a empresas privadas y omisiones y complicidades de las autoridades públicas encargadas de su regulación y control. Por caso, la falta de ejecución de los planes de inversión comprometidos al momento de obtener concesiones públicas, pero nunca cumplimentados oportunamente y en su totalidad. De ese manera, cada argentino sigue siendo la única e indefensa variable de ajuste en este marasmo inflacionario y recesivo actual. Todo un escándalo que traduce el verdadero desdén hacia los que menos tienen, particularmente ahora, después de que empezó a caer el telón del festival oficial de subsidios absurdos. El desafío está en el quehacer analítico necesario para llegar a una síntesis del ajuste con crecimiento y desarrollo humano. Este será sólo un primer paso para que los gobiernos e instituciones lo reconozcan y entonces sea posible acabar con un indisimulable aislamiento de la "dimensión humana".Si hasta se habla de democratizar al Poder Judicial, la primera condición para disminuir el costo social del proceso de ajuste es la democratización del diseño y de la ejecución de la política económica.

*Docente e investigador universitario del cooperativismo