Estado débil y feudalización política

"Sí, de yo alcanzar el poder, vertería en el infierno el dulce bálsamo de la concordia; sublevaría la paz universal, confundiría toda la armonía de la Tierra". (Macbeth , acto cuarto).

La construcción y mantenimiento de un Estado requieren de una serie de supuestos. Uno de ellos consiste en que exista una cierta base de homogeneidad social vertebrada a través de valores compartidos por todos o, al menos, por una considerable mayoría. A partir de esa base, se supone que la sociedad es plural, toda vez que existen diversidades culturales, económicas, políticas, ideológicas y religiosas. La política consiste en la actividad del gobernante tendiente a unir, como en un tejido, aquellas diversidades o pluralidades.

Se trata, entonces, de armonizar intereses y oposiciones de voluntades sobre la base de una cierta comunidad de voluntad. Mientras mayor sea la coincidencia en valores comunes que testimonie un pueblo (solidaridad, equidad, honestidad), menor será la necesidad de que las leyes se cumplan de manera autoritaria, aplicando la coacción que esas mismas leyes prevén para el caso de su violación.

Mientras menor sea el respeto que demuestre un pueblo por esos mismos valores, mayor será la necesidad de acudir a un ejercicio autoritario del dominio.

Para construir un Estado como organizador social es necesario que exista una cierta voluntad común amalgamada por aquellos valores, sin que sea necesario el uso de la fuerza pública para que esos valores se respeten.

El uso de la fuerza debiera ser, pues, excepcional y reducido a los aislados casos de violación de la ley. Por eso las políticas públicas sólo tienen sentido si se conciben a partir de la necesidad de articular antagonismos o pluralismos, respetándolos. Se trata de unir o armonizar, no de uniformar.

El Estado de derecho se instrumenta a través de la representación política y del principio de la soberanía del pueblo. El diseño del gobierno representativo tanto en Francia, a través de Emanuel Joseph Sieyes, cuanto en Estados Unidos, a través de James Madison, se efectuó bajo la confesa necesidad de exclusión del pueblo en su calidad de colectivo de cualquier participación en el gobierno. Se lo diseñó de manera conscientemente aristocrática.

El representante debía ser distinto a quienes los eligieran. Se sostenía que el pueblo iba a elegir a una persona respetable. Ser respetable y distinto, entonces, podía compadecerse, aunque fuera paradójico, con la exigencia de que los representantes compartieran las circunstancias del propio pueblo y estuvieran lo más cerca posible de sus miembros, aunque las necesidades del gobierno impusieran diferentes roles.

El sistema representativo supuso, como condición de su propia existencia, que aquellos que se erguían sobre quienes los elegían fueran poseedores de atributos valorados positivamente. Se creyó que las elecciones iban a favorecer a individuos que se destacan, distintos y diferentes, “mediante un aspecto que el pueblo juzga favorablemente, en otras palabras, que benefician a individuos considerados superiores al resto” (Bernard Manin).

Ciertamente que el componente del sufragio general significó un avance trascendente en la democratización del sistema representativo. Sin embargo, este siguió siendo intrínsecamente restrictivo y minoritario, particularmente en cuanto a igualdad de todos para ocupar cargos públicos.

En Argentina, se ha debilitado peligrosamente la imprescindible homogeneidad social que posibilita la existencia de un pueblo sobre el que se construya un Estado.

La heterogeneidad y las tensiones sociales aumentaron de forma alarmante.

Se ha debilitado al Estado de manera tal que no es exagerado sostener que se ha arribado a una nueva feudalización del sistema político. No sólo porque la inseguridad que sufren los habitantes no encuentra respuesta estatal mínimamente satisfactoria, sino porque en el territorio argentino existen asimetrías sociales tan profundas con realidades tan diferentes que veladamente podríamos descubrir no uno sino varios estados. Además, la policía se encuentra deslegitimada socialmente porque se la percibe inficionada de corrupción y carente de profesionalismo.

En cuanto a los principios de un gobierno representativo, en lugar de encontrarse constituido por actores distinguidos que ameritan su elección por los ciudadanos, asumiendo roles superiores a estos, nos encontramos, salvo honrosas excepciones, con una oligarquía cerrada, con privilegios inherentes a sus cargos, y cuya conducta corrupta, cuando no frívola, exhiben sin pudor.

Incapacidad e inmoralidad es una fórmula mortal para la existencia misma del Estado, cuya función más eminente debiera asegurar la paz social a través del ejercicio de su función política.

*Profesor universitario