Debate. El error de subestimar la política

Con su habitual tono de suficiencia y provocación desafiante, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, hizo una afirmación temeraria. Dijo que “la economía se va a llevar puesta a la política”.

¿Qué quiere decir el ministro con este pronóstico tan osado? Que los resultados económicos serán tan copiosos y descollantes que podrán contrarrestar cualquier desmán político perpetrado desde el Gobierno, cualquier error que se cometa desde el Ejecutivo en ámbitos ajenos a lo puramente económico.

No es bueno subestimar la política en nombre de los reales o presuntos triunfos económicos. La historia argentina está llena de momentos de alto rechazo hacia gobiernos que no transitaban por escenarios económicos desastrosos.

En 1955, más que ser derrocado, el peronismo se derrumbó. Perón cayó por su propio peso. No fue por padecimientos económicos: tras las necesarias rectificaciones introducidas por Alfredo Gómez Morales, la economía se estaba ya encarrilando nuevamente. Tampoco fue la economía el determinante de los estallidos sociales de fines de los años 1960.

Igualmente, el rechazo a Carlos Menem no provino de la crítica a la economía en sus años de gobierno, y es dudoso que haya sido la economía lo que privó a Mauricio Macri de su reelección.

Pero la afirmación de Caputo merece también otra objeción. Tenemos la impresión de que el ministro y el Gobierno en su conjunto no están percibiendo la situación económica en su plenitud.

Los equilibrios macroeconómicos, la reducción del déficit presupuestario, las inversiones petroleras y mineras no constituyen la totalidad de la economía: omiten la situación de la gente común, la que vive el día a día.

La industria, el comercio mayorista y minorista, la construcción, los servicios, el mundo de los pequeños emprendimientos, constituyen el pan de cada día de millones y millones de personas que hoy no la están pasando bien. Y, al hacerse el distraído sobre esta situación, el Gobierno se equivoca.

Si se pretende un país asentado exclusivamente sobre la minería, el petróleo y el campo, debemos ser conscientes de que sobran 20 o 30 millones de personas.

Pero aun el territorio que el ministro ya da por conquistado, en realidad no es más que un piso altamente resbaladizo. El Gobierno no se anima a liberar por completo el tipo de cambio porque tiene el temor de un aumento del dólar que impacte sobre el nivel general de precios.

Y hay algo más. ¿Son sostenibles los pretendidos éxitos económicos logrados hasta el momento? ¿O la motosierra se utilizó a tontas y a locas, con recortes que no pueden perdurar? Algo similar podríamos preguntarnos respecto del retraso cambiario. En ambos casos, el tiempo dirá.

Pero existe también lo que podríamos designar como sustentabilidad política. Esto es, si las medidas que va tomando el Gobierno en todos los ámbitos van consolidando su permanencia en el poder a fin de obtener las adhesiones necesarias como para renovar el crédito popular y poder continuar con su obra en un nuevo período.

El Gobierno parece considerar que las grandes líneas de su política, que son aplaudidas en los foros internacionales, le garantizan el triunfo electoral en 2027. Cree que el éxito económico hará que la gente considere una pequeñez el caso $Libra, el tres por ciento, la cascada de Manuel Adorni y su vocación de acosar a los parientes de quienes objeten cualquier política oficial.

El caso del pliego de María Verónica Michelli, finalmente aprobado por el Senado nacional, pone de relieve uno de los aspectos de la más baja calidad institucional protagonizado por el gobierno de Javier Milei. El Gobierno presentó el pliego para el nombramiento entre muchos más, pero luego quiso retirarlo porque advirtió que la candidata era cuñada de un periodista que publicó artículos que ponen en duda la probidad de quienes ejercen el poder político.

Esta actitud de perseguir a familiares de personas que opinan de un modo distinto es de la peor calaña que podamos imaginar, impropia de un gobierno republicano y sólo presente en los más siniestros regímenes dictatoriales de la historia. Y, por supuesto, completamente ajena al liberalismo, que exalta la individualidad y considera a cada persona dueña y responsable de sus propios actos.

El Gobierno ya había hecho algo similar con Domingo Cavallo, cuando echó a su hija Sonia de la Embajada argentina ante la OEA, y con Osvaldo Giordano, a quien echó de la Anses porque su esposa Alejandra Torres votó, como diputada nacional, de un modo distinto al pretendido por la entonces naciente gestión.

El horrendo caso de la niña Agostina Vega ha sacudido a la sociedad cordobesa. Un crimen que merece un castigo a su altura.

Pero, además, ha revelado la fragilidad y los vicios del sistema político en muchos aspectos. El presunto asesino tenía el grave antecedente de un secuestro previo, frustrado sólo porque la víctima logró escapar. La prisión de sólo 20 días denuncia la vigencia de criterios zaffaronianos en la Justicia penal, además de una liviandad extrema en el fiscal y el juez de aquella causa.

Asimismo, la falta de diligencia del fiscal del caso Agostina, pese a los claros indicios existentes desde el comienzo, resulta inaceptable.

Capítulo aparte merece el hecho de haberse hecho evidente la existencia de mecanismos de incorporación de empleados al sector público, donde predomina como criterio esencial la condición de militante político, con exclusión de la idoneidad, la aptitud, la eficiencia y la conducta.

Una suma de la que no puede obtenerse otro resultado que la tragedia.

Analista político