El proyecto de ley para regularizar empleo informal es insuficiente
Se necesita una reforma más profunda de las instituciones laborales para incrementar los incentivos de las empresas a multiplicar los empleos registrados.
Desde la salida de la crisis de 2002, Argentina ha experimentado un muy importante proceso de crecimiento y generación de empleo. Sin embargo, los niveles de empleo privado no registrado siguen siendo altos.
Aún más alarmante es la desigualdad registrada entre provincias y regiones. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), referidos al tercer trimestre de 2013, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 44 por ciento de los ocupados es asalariado registrado en el sector privado, en las provincias del Norte sólo el 18 por ciento de los ocupados ostenta esta condición.
Es decir, en las provincias del norte argen tino menos de uno de cada cinco ocupados tiene un empleo decente en el sector privado. El resto es empleado público o asalariado en el sector privado, pero informal o cuentapropista.
El problema es particularmente grave entre las mujeres y los jóvenes, dado que la rigidez de las instituciones laborales no contempla la situación particular de esas personas.
El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley para generar incentivos a favor de la creación de empleos registrados en el sector privado.
Con este proyecto, se está reconociendo que el crecimiento y el incremento de controles en la pasada década han sido inefectivos para solucionar el problema estructural de falta de empleos de calidad en el sector privado, y que la solución radica en complementar con reformas en las instituciones laborales.
Así es como entre las medidas contempladas se incluye la reducción de parte de las contribuciones patronales, con especial énfasis en reducir los costos laborales de las pequeñas y medias empresas (Pyme).
El proyecto es un avance, aunque insuficiente. Se necesita una reforma más profunda de las instituciones laborales para incrementar los incentivos de las empresas a multiplicar los empleos asalariados registrados.
El debate en el Congreso Nacional debería abandonar banderías políticas y mejorar la iniciativa del Poder Ejecutivo con medidas más ambiciosas que beneficiarán a los trabajadores, como la simplificación de la registración laboral y la definición de salarios legales diferenciales por regiones, acompañadas de otras iniciativas que contemplen las situaciones especiales de las mujeres y los jóvenes.
*Economista de Idesa.
