Educar la fuerza pública

La Policía se autoacuarteló, dejó su función y sobrevino el caos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer de aquí en adelante? Esta es la pregunta angustiante que se formulan hoy los cordobeses y los habitantes de otras provincias. La cuestión no pasa por la mayor o menor información que tuvieron los funcionarios, pues basta un solo ejemplo para que no busquemos la respuesta allí: antes del atentado contra las Torres Gemelas, en los Estados Unidos, los terroristas se encontraban en suelo norteame­ricano, allí se habían entrenado para cometer el acto; más aún, la Inteligencia de ese país sabía de su existencia, y sin embargo las torres cayeron.El problema de fondo es que se rompió el contrato social, que es la razón de ser del Estado. Veamos. Para comenzar, y a modo de ejemplo abarcador, recurramos a dos pen­sadores que nos pueden servir de guías: Thomas Hobbes y Jean Jacques Rousseau.Hobbes afirmaba que el hombre es el lobo del hombre y que mientras el ser humano vivió en estado de naturaleza, todos peleaban contra todos.Rousseau, en cambio, postulaba que el hombre nace bueno y que la sociedad lo corrompe.Por las razones apuntadas, aunque distintas, el hombre debió re­currir a un contrato según el cual, para poder convivir de modo más o menos pacífico, todos debían respetar las cláusulas de ese contrato; es decir, la ley.Esa ley superior se encuentra, por su carácter general, sobre todos los intereses parciales o particu­lares.Tal contrato, que debía ser la ley suprema para todos, era el presupuesto esencial que permitiría el goce de todos los otros derechos, a saber: la vida, la propiedad y, sobre todo, la libertad individual (que es el presupuesto para poder ejercer los demás derechos y así dejar atrás la mera ley de la fuerza, lo que Juan Domingo Perón llamaba "el derecho de las bestias").El otro requisito, además del establecimiento del contrato, es que este debía hacerse cumplir únicamente a través del brazo de la ley, o sea, el Estado.Para ello, le ley necesitaba "im­perio", es decir, la posibilidad, a través de la fuerza pública, de hacerla efectiva.Esta brevísima síntesis nos indica que lo que se rompió en Córdoba es este esquema, en tanto que durante los días de zozobra que vivió la capital provincial no hubo ley. Y no la hubo porque la fuerza pública encargada de hacerla respetar se abstuvo de cumplir con esa función reguladora de la convivencia.Nuestra sociedad se retrotrajo a los estadios primitivos, gober­nados sólo por las tendencias, los instintos y otros aspectos que se inscriben en lo más oscuro de la condición humana.Esta remisión de la historia, ­aunque sea momentánea, está en pugna con el derecho constitucional, con la ley penal en particular y, si se quiere, con el derecho natural mismo.Sebastián Soler, para explicar el delito de omisión, pone el ejemplo de la madre que se niega a amamantar a su hijo y cataloga a esa conducta como un crimen. Algo análogo ocurre cuando se omite proporcionar la seguridad mínima, puesto que con ello se atenta, aunque sea de forma oblicua, contra la vida, la propiedad, la salud y, al fin y al cabo, contra la libertad.

Lo que hasta aquí se dijo no atañe ni a la justicia del reclamo ni a la cuestión referida a la sindicalización o no de la fuerza policial, y menos aún al desempeño político de las autoridades, pues estos tópicos son cuestiones menores en relación con el tema de fondo que tratamos. Además, sobre esos asuntos todo resulta opinable.

En cambio, no admite discusión que, si las Fuerzas Armadas fueron creadas para defender la soberanía nacional y la Policía para resguardar el orden interno, los reclamos en los términos en que fueren configurados no deben implicar de hecho, en forma lisa y llana, la abrogación de la ley y el traslado del poder que de ella emana a un sector específico de la sociedad en detrimento de los otros.

La contracara de la actuación policial o, mejor, de su falta de actuación fue la verdadera calamidad que implicó el saqueo por parte de sectores del pueblo respecto de los bienes y la integridad física de sus semejantes. Esto indica una manifiesta degradación cultural y un fracaso de los valores en esos sectores que en muchos casos han depredado sin necesidad.

Si uno se dispone a rastrear nuestra historia, advertirá que, al haber llegado a este punto, el fenómeno no significa otra cosa más que la derrota de Domingo Faustino Sarmiento y aquel proyecto que esbozara en Facundo, subtitulado “Civilización o barbarie”.

Nada será igual de aquí en ­adelante, dado la gravedad del ­precedente y la posibilidad de una repetición.

Sólo el regreso al sentido común, con la aceptación de la responsabilidad que a cada actor le corresponde por lo ocurrido, podrá devolvernos al camino correcto: el gobierno racionalizando el gasto y contemplando el hecho de que el policía se encuentra en riesgo personal en su tarea diaria y ello debe tener una contrapartida compensatoria.

Los dineros públicos, primero, deben satisfacer esas necesidades 
y, luego, los rubros prescindibles que sólo sirven para distraer o aturdir al pueblo.

La fuerza policial deberá también efectuar una introspección de su desempeño y hacerse cargo de sus falencias, como la sociedad y cada uno de nosotros en lo que respectivamente nos concierne.

Es necesario, sobre todo, más educación. Sólo por esta vía evitaremos retroceder hasta tiempos anteriores al Leviatán hobbesiano y a la época precontractual rousseauniana, de modo que la fuerza 
no se imponga sobre la ley nunca más.

*Exministro de Gobierno de la Provincia