Un nuevo Congreso de Tucumán
El federalismo perdió la primera gran batalla en su lucha contra el puerto. Una verdadera restitución de la autonomía y autarquía del interior necesita sólidas bases económicas.
Nicolás Avellaneda afirmó alguna vez que el Congreso reunido en Tucumán, que proclamó la independencia de las Provincias Unidas, fue en realidad "una asamblea de doctores de Córdoba". Es que, por entonces, nuestra ciudad era realmente Docta y en sus claustros se formaron generaciones de futuros líderes del proceso de liberación, desde el jacobino Juan José Castelli al reaccionario dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia.
Que el Congreso de Tucumán fuera una reunión de ex alumnos de Córdoba sólo refleja parte de la realidad. Porque, en verdad, esos representantes fueron la vanguardia del federalismo, que se opuso a las intenciones hegemónicas de Buenos Aires. Más temprano que tarde, la autonomía de las provincias sucumbió al embate del puerto. Pero esa es otra historia, como la que narra el insoluble misterio del destino del original del Acta de la Declaración de la Independencia, que fue robado en un asalto a mano armada el 2 de agosto de ese año en Cabeza de Tigre, en nuestra provincia, y casi seguramente destruido.
La naciente República no pudo conservar su acta de nacimiento. Si los actos de los hombres suelen estar sobrecargados de simbolismo, ese hecho prefigura, en cierto modo, la quiebra de los valores morales que, con mayor o menor intensidad, recorre nuestra historia.
El Congreso de Tucumán fue, pues, a un tiempo el nacimiento de "una nueva y gloriosa nación" y el comienzo de una grave distorsión política que signa en forma negativa los tiempos institucionales de la República. Porque, a pesar de la afirmación de fe federalista que encabeza la Constitución Nacional y se apoya en los pactos preexistentes firmados por las provincias, el unitarismo ha reverdecido su pensamiento.
Luego de dos siglos de vida independiente, estamos hoy de regreso en el centralismo portuario. Si en el pasado las rentas de la Aduana sirvieron para forjar la prevalencia del puerto sobre el interior, en la actualidad la "caja" sirve a la metrópolis para subordinar no ya sólo a las provincias, sino también a los poderes municipales.
Es posible deducir que la mejor manera de celebrar un nuevo aniversario de la trascendental votación del 9 de julio de 1816 en la casona alquilada a doña Francisca Bazán de Laguna sería convocar a un nuevo Congreso en el ahora Monumento Histórico Nacional, para retomar las líneas del federalismo y restituir la autonomía a provincias y municipios. Esto sólo será posible si en el acuerdo se incluye un nuevo esquema de coparticipación de impuestos, que asiente la autarquía sobre sólidas bases económicas.
En el siglo 21, a la tenue luz y densas sombras que proyecta el centralismo porteño, ese acto de reparación histórica marcaría el punto de inflexión hacia un desarrollo armónico del país, tal como anhelaron aquellos "doctores" cordobeses en 1816.
