Editorial. Tolerancia cero contra el abuso policial

La muerte de Tomás Elías Orihuela, de 19 años, no es un hecho aislado ni puede leerse como un episodio confuso más dentro de la rutina policial.

El joven fue hallado con un buzo en el cuello en una celda de la comisaría 6ª de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Tras una agonía de dos días, falleció en el Hospital Eva Perón. La secuencia previa suma interrogantes: detenciones sucesivas, horas bajo custodia en una dependencia que no debía alojarlo por tanto tiempo y un desenlace que la familia atribuye a abuso policial.

La Justicia investiga, sin imputados hasta el momento, mientras se analizan cámaras, teléfonos y testimonios.

Y aunque la autopsia no habría hallado rastros de golpes en su cuerpo, el caso aún presenta zonas oscuras. ¿Por qué Orihuela permaneció tantas horas en una comisaría? ¿Quién garantizaba su integridad física? ¿Qué ocurrió en ese lapso que derivó en un intento de ahorcamiento dentro de una celda?

Estas preguntas no son técnicas ni accesorias. Tocan el corazón del vínculo entre ciudadanía y Estado. Cuando una persona queda bajo custodia policial, el Estado asume la responsabilidad total por su vida. No hay margen para ambigüedades.

En una democracia, las fuerzas de seguridad no sólo deben actuar dentro de la ley; también deben ofrecer garantías plenas de respeto a la integridad de cada preso.

La muerte de un detenido bajo custodia erosiona la confianza pública.

No alcanza con invocar protocolos. La sociedad necesita señales firmes de control de la inseguridad, pero que incluyan un adecuado control político sobre la fuerza.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, afirmó que el objetivo es que “se sepa toda la verdad” y aseguró una colaboración total con la Justicia. También sostuvo que, según informes médicos, el joven no presentaba signos de maltrato y que la intervención policial permitió reanimarlo antes de su traslado. A la vez, advirtió que ningún efectivo que actúe fuera de la ley quedará impune.

La desconfianza por este caso se alimenta de una historia reciente en Córdoba que acumula denuncias por abusos policiales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Cada nuevo caso se inscribe en ese registro y lo profundiza.

Por eso, este episodio exige algo más que una investigación puntual. Resulta imprescindible que la pesquisa avance con rapidez, independencia y transparencia, sin zonas grises.

Si hubo delito, debe haber sanción. Si hubo fallas estructurales, deben corregirse.

Al mismo tiempo, no alcanza con resolver un expediente. Se requiere revisar prácticas, protocolos de detención, condiciones de alojamiento y mecanismos de control externo.

La muerte de Orihuela interpela al Estado en su conjunto. No se trata sólo de un joven que perdió la vida, sino de una prueba para la calidad institucional de la provincia.