Violencia de género. Supuestas falsas denuncias no deben tapar la realidad

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación instaló otra vez el debate sobre falsas denuncias y los falsos testimonios en el ámbito penal; de manera particular, en referencia a la violencia de género.

Desde un análisis preliminar, se podría definir que la parte controversial del proceso estriba en definir con indubitable veracidad cuándo una denuncia penal es verosímil y cuándo es falsa.

Si bien las falsas denuncias ya están tipificadas en el Código Penal argentino, el flamante proyecto de ley enfocado en casos de violencia de género puede inducir a una víctima a no denunciar el hecho por temor a que su presentación sea considerada falsa, lo que le acarrearía duras consecuencias personales, dado que la norma contempla graves cargos penales (entre ellos, la prisión efectiva o condicional).

Con todo, hay aspectos que merecen ser considerados a la luz de las estadísticas que existen al respecto. Por caso, los porcentajes de denuncias falsas son muy bajos como para destinarles una ley como la propuesta por la senadora radical Carolina Losada.

Un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Ministerio Público Fiscal, realizado entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país, analizó más de 8,2 millones de causas penales. Sobre ese universo, se registraron 7.517 investigaciones por falsa denuncia y 2.095 por falso testimonio.

Eso significa que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de las causas penales.

Pese a la evidencia de los datos disponibles, lo cierto es que el proyecto de ley presentado en el Congreso por Losada propone aumentar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y de otros delitos contra la integridad sexual.

Fue el disparador de la polémica, puesto que quienes trabajan en el abordaje de esta problemática advierten que el proyecto podría tener un efecto diferente al que se busca. Y se reitera el argumento ya citado: la ley podría desalentar a víctimas reales a presentar denuncias, por temor a que no les crean.

Desde otro costado, el proyecto sostiene que la sociedad se encuentra en un proceso de difusión de acusaciones a través de las plataformas sociales, lo que terminaría condenando de antemano al acusado, sin considerar el principio de inocencia consagrado en la Constitución Nacional.

En realidad, el problema de fondo sigue anclado en las demoras de reacción de la Justicia frente a las denuncias verdaderas sobre violencia de género. Son los vericuetos de los tribunales en múltiples causas, incluso en aquellas que podrían incomodar a actuales y a exfuncionarios de la administración pública.

Para citar episodios que sí ocurrieron, la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres (2021) muestra que sólo el 21% de quienes sufrieron violencia hicieron la denuncia.

En síntesis, un drama social que debe comprometer al Estado en su solución.