Corrupción. Sira: maniobras ilegales durante el cepo cambiario
La presunción de las autoridades judiciales es que existió un circuito ilegal para proveer dólares al valor oficial a quienes pedían permisos de importación, contra el cobro de retornos de hasta 15% del valor de la mercadería importada.
La ciudadanía argentina asiste a la revelación de un nuevo caso de presunta corrupción que involucra a instituciones públicas. La Justicia federal investiga si hubo un mecanismo delictivo mediante el cual intermediarios y financistas cobraban sobornos a cambio del otorgamiento discrecional de permisos de importación durante la vigencia del cepo cambiario.
Qué es el Sira: revelan cómo operaba la red de coimas del sistema que asfixiaba a importadores
El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi intentan dilucidar si existió un esquema generalizado de cobros irregulares en la administración del Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) durante la gestión de Alberto Fernández.
En tiempos del cepo cambiario, los permisos de importación eran el único medio autorizado para el acceso a divisas al valor oficial del tipo de cambio, para el pago de operaciones de comercio exterior. Una de las consecuencias del cepo era la existencia de una amplia brecha con el valor del dólar en los mercados financieros.
La presunción de las autoridades judiciales es que existió un circuito ilegal para proveer dólares al valor oficial a quienes pedían permisos de importación, contra el cobro de retornos de hasta 15% del valor de la mercadería importada. Coimas que se pagaban con las ganancias extraordinarias que garantizaba la venta de esas mismas divisas en el mercado paralelo.
Los funcionarios firmaban los permisos a un número todavía indeterminado de intermediarios, el Banco Central entregaba los dólares baratos que los gestores y los funcionarios le pedían, y la brecha cambiaria hacía el resto.
La causa que instruyen Lijo y Picardi comenzó en 2025 como una derivación de otra: un expediente por un procedimiento policial irregular en el auto de un financista al que le “plantaron” dos kilos de cocaína y un arma de fuego, durante un ajuste de cuentas por deudas multimillonarias.
La investigación judicial recopiló pruebas hasta concluir que había “un universo interrelacionado de agencias y casas de cambio para acceder a dólares al tipo de cambio oficial con la presunta connivencia de funcionarios” del Banco Central, para luego “comercializar dichas divisas en el mercado paralelo”, durante la vigencia del cepo.
Según la fiscalía, el modo de acceso a esos dólares oficiales baratos eran los permisos del Sira. Se estima que el sistema de autorización de importaciones administró cerca de U$S 73 mil millones hasta diciembre de 2023. En el momento de mayor brecha cambiaria, Sergio Massa conducía el Ministerio de Economía, y Matías Tombolini, la Secretaría de Comercio.
Para la fiscalía, las maniobras descriptas "difícilmente podrían haberse llevado a cabo sin la intervención o, al menos, la tolerancia de funcionarios públicos”.
Esta presunción de connivencia debe ser investigada con el máximo rigor probatorio y sin ninguna dilación. La sociedad argentina ha venido padeciendo la corrupción estructural como una plaga ácida que no cesa de drenar excrecencias. El único modo de superar ese flagelo es aplicando la ley hasta las últimas consecuencias.
