Editorial. Regular la actividad de reparto vía "apps"

La ciudad de Córdoba todavía no tiene resuelto del todo el problema de los “naranjitas" y de los limpiavidrios y ya emerge otro fenómeno que está bajo la discreta mirada de las autoridades municipales: el que aglutina a los repartidores de productos solicitados por aplicaciones digitales, más conocidos como deliveries.

Es una ocupación que ha progresado de manera exponencial durante los últimos años y que emplea a centenares de personas que, por lo general, se movilizan en motocicletas con las mochilas cúbicas de colores que llevan inscriptas la denominación de la plataforma proveedora.

El negocio marcha fenómeno en atención a la modalidad de los usuarios de solicitar vía apps un menú de comida sin salir de la vivienda. Sin embargo, como trasfondo serpentean algunos inconvenientes que estarían ameritando una pronta regulación del sistema de delivery.

Es lo que solicita a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. Propuesta tendiente a la regulación en defensa de sus asociados.

Ahora bien: más allá de las innovaciones planteadas y sin espíritu de estigmatizar a nadie, hay que admitir que existen deliveries que honran su tarea y otros que sólo se calzan una mochila en la espalda para delinquir.

Basta recordar la crónica que publicamos a mediados de junio de 2025, en la que se daba cuenta de que había sido desbaratada una banda de falsos deliveries que se disfrazaban como tales y perpetraban robos domiciliarios a punta de pistola. Por cierto, no es el único antecedente.

El referido sindicato alega en su presentación que son necesarias medidas de seguridad para los repartidores, entre las que mencionan el uso de dispositivos GPS con seguimiento satelital en las motos.

Como señaló la entidad gremial para un informe que publicamos días atrás, se trata de mejorar las condiciones de trabajo de un sector dominado por la creciente cantidad de operadores motorizados. En ese aspecto, solicitan un procedimiento de identificación de esos trabajadores, en el contexto de inseguridad que aflige a los cordobeses.

El conflicto con los naranjitas parece anclado en una encrucijada que no permite augurar canales de remediación. En ello se duda de que la mentada prohibición de cuidacoches vaya a prosperar al punto de distinguir quiénes están “legalizados” y quiénes no tienen autorización.

Es decir, y vale la reiteración, por un lado se propugna la lógica seguridad de los repartidores que puedan ser víctimas de asaltos en la vía pública, pero también es materia de investigación la incursión de malhechores dispuestos a robar a los eventuales destinatarios de un pedido.

No hay punto de comparación entre el fenómeno naranjita y los deliveries. Pero más vale regular, para evitar desbordes no deseados. Y, en paralelo, controlar que quienes conducen las motos cumplan con las normas de tránsito, porque es habitual que se desplacen a altas velocidades, sin respetar semáforos y hasta a contramano.