Editorial. Un reclamo contra el odio, por la convivencia
La reciente movilización del colectivo LGBTIQ+ en las calles cordobesas puso de manifiesto el aumento de la violencia y la urgencia de marcos legales que protejan la diversidad frente a los crímenes de odio.
El pasado 27 de junio, el colectivo LGBTIQ+ ocupó el espacio público de la ciudad de Córdoba en la víspera del Día Internacional del Orgullo. Desde el Patio Olmos, una multitud recorrió la avenida General Paz, en una manifestación que tuvo música y carteles con consignas claras que exigieron justicia por los ataques recibidos.
Los nombres de Vica Monteros y Samuel Tobares –víctimas de crímenes de odio– lideraron la movilización, como símbolo de una lucha que busca frenar la violencia extrema en la provincia.
En la marcha se difundió un documento que advierte que Argentina registró en 2025 un récord de crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+, con 227 casos documentados.
El escrito afirma que "Argentina continúa siendo el país de la región con mayor número de crímenes de odio contra personas LGBTIQ+", según el informe anual de Deutsche Welle y Amnistía Internacional, que también señala que Córdoba es la segunda provincia con más denuncias de este tipo, después de Buenos Aires.
El eje de la protesta fue el reclamo de una ley antidiscriminatoria nacional y provincial que tenga herramientas para prevenir, sancionar y reparar los actos de odio que sufre la comunidad de forma cotidiana.
Las organizaciones afirman que no son sucesos aislados y que eso requiere una respuesta firme por parte de las instituciones del Estado.
El incremento de los ataques contra las personas trans y demás disidencias obligó a que este año existieran dos marchas, pues una sola ya no alcanza para visibilizar tanto dolor y reclamos.
Persisten sesgos profundos que vulneran a las disidencias en su vida diaria. Los testimonios revelan que el clima en el plano político y social es agresivo, y que muchas personas ignoran esta realidad debido a los filtros que imponen los algoritmos en las redes digitales.
Esta falta de visibilidad permite que los prejuicios se fortalezcan y deriven en ataques fatales. El orgullo es hoy sinónimo de resistencia frente a un sistema que todavía excluye a las identidades diversas.
Es deber del Estado garantizar políticas de inclusión que superen los discursos vacíos. La protección de los derechos humanos no debe ser un privilegio de pocos, sino una realidad para toda la ciudadanía.
Una democracia sana exige el respeto a la integridad física y moral de cada persona, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Las leyes de igualdad no benefician sólo a un grupo: mejoran la convivencia de la sociedad entera. Por ello, la sanción de normativas protectoras resulta vital.
El grito que recorrió las calles de Córdoba debe hallar eco en las oficinas del Poder Legislativo de forma inmediata. No basta con celebrar la diversidad un día al año si el resto del tiempo impera el desamparo legal.
El camino hacia una sociedad más justa requiere coraje institucional y un compromiso ético con la pluralidad.
