Política económica. Más realismo sobre la marcha de la economía
Las advertencias del Fondo Monetario Internacional y de la Iglesia Católica imponen una cuota de realismo sobre la marcha de la economía, diferente a las entusiastas declaraciones oficiales.
En sendas declaraciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Iglesia Católica Argentina pusieron una cuota de realismo sobre la coyuntura económica, a contramano de las declaraciones oficiales, impregnadas de optimismo.
Si bien el FMI liberó otro tramo del préstamo concedido al país, por 1.000 millones de dólares, las recomendaciones técnicas imponen cautela sobre las proyecciones para los próximos meses.
El desembolso permitió al Banco Central alcanzar el nivel de reservas que se había logrado en 2019. Luego vino el dispendio de la gestión de Alberto Fernández; en especial durante el período de Sergio Massa como ministro de Economía, en 2023.
El kirchnerismo destacó ahora las recomendaciones del Fondo, que constituyen una crítica sobre ciertas decisiones de la administración actual.
Sin embargo, esa agrupación política rechazó durante su gestión las recomendaciones del FMI, y ciertos núcleos alentaron una ruptura con el organismo.
Lo cierto es que el gobierno de Javier Milei debe atender las sugerencias del equipo técnico del Fondo, que exige mayor contención del gasto público.
En ese objetivo, la actual gestión asume decisiones incomprensibles, como la eliminación de los subsidios para que discapacitados accedan al transporte público.
Son montos insignificantes en comparación con otros gastos, como la multiplicidad de organismos para atender una misma problemática o los viajes y comitivas oficiales al exterior.
El FMI puso en duda la meta de llegar a una inflación de un dígito en 2027; antes bien, prevé ese resultado para 2028, además de señalar que el Banco Central aún mantiene un balance negativo.
La Iglesia Católica, por su parte, señaló el riesgo de disgregación social al que conduce la actual política, caracterizada por el retiro indiscriminado de subsidios al transporte, a la salud y a la educación.
La eliminación de tales aportes se produce en un contexto de disminución de la actividad en las industrias orientadas a la sustitución de importaciones, y en el comercio.
La importación generalizada de bienes de consumo, incluidos automóviles y maquinaria agrícola, pone en riesgo a los productores locales, quienes aún enfrentan una pesada carga tributaria y una logística costosa.
La eliminación de subsidios a la discapacidad y la educación, por caso, debe hacerse en forma selectiva y auditada, evitando situaciones injustas para gran parte de la sociedad.
Las metas en el recorte del gasto público deben adecuarse a una realidad lacerante para cientos de miles de familias vulnerables y de trabajadores que han perdido el empleo.
Caso contrario, en un contexto de miseria, será más visible la penetración del narcotráfico y de la delincuencia, que conducen a la disolución social y al enfrentamiento entre pares y con el Estado.
Las advertencias que recibió el Gobierno sobre la marcha de la economía no deben dar pie a ocasionales respuestas políticas, sino a un análisis profundo sobre los problemas de la coyuntura.
