Preocupación compartida, sin diagnóstico común

En las últimas semanas, en el discurso social argentino un tema creció exponencialmente: desde el papa Francisco a los dirigentes de los movimientos sociales; desde los empresarios a los sindicalistas; desde el oficialismo a la oposición, todos pusieron el acento en la imperiosa necesidad de crear trabajo.

Los datos en los que se basan no son nuevos. Más del 40 por ciento de la población argentina está por debajo de la línea de la pobreza, y el asistencialismo estatal sirve para subsistir pero no para dejar de ser pobre. A propósito, al Estado le cuesta reducir el déficit por el constante aumento de los fondos que destina a los planes sociales, que en las actuales circunstancias del mercado laboral no podría discontinuar.

Porque hace demasiados años que no se crean nuevos puestos de trabajo en el ámbito privado, que es el actor que debiera motorizar la expansión de la economía. Por el contrario, lo que ha crecido es el empleo público, sin las justificaciones del caso.

Mientras tanto, la informalidad y el cuentapropismo se fueron imponiendo en un vasto sector de las clases medias y bajas, aunque supieran que, como afirma el dicho, esas alternativas que les aseguran el pan de hoy podrían acarrear el hambre de mañana. Porque no hay derechos sociales garantizados para estos trabajadores; porque el día que no se trabaja, no hay ingresos; y porque en más de una ocasión lo que ingresa apenas alcanza para solventar los gastos.

En otro sentido, los empresarios dicen que les resultan muy elevados los costos laborales, pero cuando intentan contratar a nuevos empleados la inmensa mayoría fracasa porque no encuentra personal con las competencias requeridas. Por su parte, los gremialistas se niegan a discutir las llamadas “reformas laborales” bajo la sospecha de que sus representados perderán derechos adquiridos, aunque lo cierto es que el esquema legal actual no rige para un amplio segmento de la población económicamente activa.

Todas estas voces y posiciones debieran ser coordinadas por el poder político, sea desde el Ejecutivo, sea desde el Legislativo, para hacer posible un punto de acuerdo que se exprese en políticas concretas de corto, mediano y largo plazo, reajustables en el tiempo en función de los resultados.

Ello requiere una visión de conjunto, que es de lo que carece nuestra dirigencia política. Allí está, como muestra, la consulta de este diario a los candidatos a legisladores cordobeses. Unos, intransigentes, defienden a los trabajadores; otros solucionan todo con una nueva ley de contrato de trabajo. Varios quieren sustituir la indemnización por un seguro de desempleo. No falta quien propone un programa especial para pequeñas empresas.

También hay curiosidades: uno quiere posponer las reformas hasta que se estabilice la economía; y otro, sacar el tema de la discusión pública.

En consecuencia, no se advierte la necesidad de generar una discusión profunda sobre el sentido del trabajo, que no se quede sólo en cuestiones economicistas o de litigiosidad y que incorpore las nuevas realidades tecnológicas, sociales y culturales.