Salud. Pami en crisis: una deuda que no se puede ignorar
Deudas millonarias, recortes en prestaciones y protestas en aumento describen una crisis profunda que la Nación debe atender de manera urgente, sin especulaciones de ningún tipo.
De tan recurrente aunque agravada en la actualidad, la crisis del Pami ya no admite eufemismos. Se trata de un deterioro estructural que impacta de forma directa en millones de jubilados, quienes enfrentan demoras, recortes y una creciente incertidumbre en el acceso a la salud.
La obra social más grande de América Latina, con cerca de seis millones de personas afiliadas, atraviesa un escenario crítico marcado por deudas, conflictos con prestadores y cambios en el sistema de pagos que erosionan la calidad de la atención.
El cuadro es alarmante. La deuda acumulada con prestadores ronda los $ 500 mil millones, una cifra que condiciona toda la cadena sanitaria.
Clínicas, médicos, farmacias y laboratorios reclaman pagos atrasados y advierten que el sistema se encuentra al límite.
La consecuencia ya se percibe en la vida cotidiana: menos profesionales disponibles, turnos que se postergan y prestaciones que se suspenden. En paralelo, farmacéuticos alertan que más de cinco millones de afiliados podrían quedarse sin medicamentos si la cadena de pagos no se normaliza.
Las cifras revelan también el impacto de las decisiones recientes. La implementación de un nuevo esquema de pagos fija una cápita de $ 2.100 por paciente, pero elimina adicionales por consultas. Según los profesionales, este cambio implica una caída de ingresos que puede llegar al 50%, lo que empuja a muchos médicos a abandonar el sistema.
Los reclamos crecen en todo el país. Médicos y odontólogos llevan adelante medidas de fuerza, denuncian condiciones laborales inviables y advierten que la calidad de la atención se encuentra en riesgo.
A esto se suman las protestas de jubilados, que cada semana expresan su malestar frente al deterioro de sus derechos básicos.
Es inadmisible que quienes trabajaron toda su vida deban enfrentar obstáculos para acceder a tratamientos, medicamentos o consultas médicas.
El sistema de seguridad social existe precisamente para evitar esta situación. Cuando el acceso a la salud depende de la capacidad de espera o del bolsillo, el Estado incumple su función más elemental, con los más vulnerables. No se trata de una discusión técnica ni presupuestaria: se trata de dignidad.
La crisis del Pami expone, además, un problema mayor. La combinación de envejecimiento poblacional, caída del empleo formal y ajuste fiscal exige políticas públicas activas, no retraimiento. Sin embargo, la respuesta hasta ahora es insuficiente frente a la magnitud del problema.
El Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Hace falta un plan urgente que garantice el financiamiento del sistema, regularice las deudas con prestadores y restablezca condiciones dignas de atención.
También se requiere previsibilidad, diálogo con los actores del sector y una política clara que priorice a los jubilados.
La salud de millones de argentinos no puede quedar atrapada en la lógica del ajuste. El Pami no es un gasto más del Estado: es un pilar de la protección social.
