Editorial Más Paicor, más urgencia en la agenda pública

El Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor) volvió a encender una señal de alarma que debe ser tenida en cuenta con atención.

Las cifras más recientes son elocuentes: de los cerca de 250 mil beneficiarios con los que cerró 2024, se pasó a 309 mil en 2025, con 302.546 prestaciones consolidadas a fines de marzo de 2026.

Las proyecciones oficiales anticipan un nuevo salto hasta 325 mil o 330 mil estudiantes hacia fin de año.

En paralelo, 20.480 niños y niñas ingresaron por primera vez al sistema en 2026, mientras que sólo en marzo se registraron 22.944 solicitudes rechazadas por no cumplir los requisitos formales.

Estas cifras revelan una transformación profunda en el tejido social. El dato de nuevos beneficiarios muestra el ingreso de sectores que antes no requerían asistencia. Son familias que quedaron bajo la línea de pobreza en un contexto de ingresos deteriorados, aumento del costo de vida y endeudamiento creciente.

El indicador de los rechazos muestra la presión de una demanda que excede los criterios de admisión. Detrás de cada trámite observado, hay una necesidad que no logra encuadrar en los parámetros administrativos, pero que existe y golpea.

El Paicor funciona, así, como un termómetro preciso de la situación social. Su diseño vincula el acceso a la evolución de la canasta básica total, lo que permite leer en tiempo real el impacto de la economía en los hogares.

Cuando crece la matrícula del programa, crece la pobreza. Cuando se multiplican los pedidos rechazados, se ensancha la zona gris de la vulnerabilidad.

Hay otro dato que interpela con crudeza: para el 64% de beneficiarios, la comida que reciben en la escuela representa la única ingesta fuerte del día.

La escuela no sólo educa; también alimenta, contiene y estructura la vida cotidiana de miles de chicos. En una provincia con 820 mil estudiantes, que cerca de 40% dependa del Paicor dimensiona la magnitud del problema.

En este contexto, los rechazos deben revisarse con extremo cuidado. El cumplimiento de requisitos resulta necesario para garantizar la transparencia del sistema, pero no puede convertirse en una barrera frente a situaciones límite.

El margen previsto para casos especiales debe aplicarse con criterio amplio y humano. Cada expediente rechazado merece una segunda mirada, porque detrás puede haber una familia que no llega a cubrir necesidades básicas.

Pero la política pública debe enfocarse también en las causas. La generación de empleo genuino, la reducción de la presión impositiva sobre los sectores medios y bajos, y el fortalecimiento de programas de inclusión social y familiar son piezas clave para revertir esta tendencia.

Sin una estrategia integral, el riesgo es naturalizar que cada vez más chicos dependan de un plato de comida en la escuela para subsistir.

Esta situación es una advertencia que exige acción, porque habla de una sociedad que se empobrece. Atender la emergencia es urgente; resolver sus causas es imprescindible.