Jubilaciones en Córdoba. La necesidad de corregir las desigualdades económicas
Las enormes distorsiones que se observan en los ingresos, en especial en las jubilaciones provinciales, merecen la atención de dirigentes y ciudadanos, en pos de lograr una sociedad exenta de conflictos.
Pese a los enunciados y las exhortaciones de líderes y de organismos internacionales, la realidad es que año tras año se ahondan las desigualdades en los ingresos entre distintos actores sociales.
A nivel global, la diferencia entre los deciles más ricos es cada vez más pronunciada en comparación con el 10% de la base de la pirámide.
El uso de la tecnología financiera y la concentración de los medios de producción y de comercialización ahondan la brecha entre unos y otros.
Argentina no es extraña a ese fenómeno, que se profundizó a partir de los años de elevada inflación, lo que facilitó los negocios y la concentración por parte de quienes tenían recursos, en detrimento de los sectores de ingresos fijos, sean estos trabajadores o jubilados.
En Córdoba, esa realidad se trasladó al sistema previsional, en el que los empleados del Poder Judicial, de las entidades financieras oficiales, de la Municipalidad de Córdoba y de Epec obtuvieron jubilaciones o pensiones, por parte de sus familiares, que exceden con creces a las de los docentes, por caso.
El 10% de los beneficiarios de mayores ingresos multiplica por cinco lo que reciben los de menores haberes, por lo general trabajadores de municipalidades del interior y del magisterio.
La presión gremial y una actitud complaciente de la dirigencia política, que ubicó en esos estratos a familiares y allegados, facilitaron la enorme distorsión que se observa en el régimen provincial.
Los tibios intentos de corrección no lograron avances significativos en pos de corregir estas desigualdades.
El problema no sólo genera una situación de inequidad que impacta en la convivencia social, sino que agrava el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Cada aumento porcentual genera ingresos notablemente más altos para los de mayores ingresos, en comparación con los de menores haberes. Por caso, no es lo mismo un incremento anual de 30% sobre jubilaciones promedio de tres millones de pesos mensuales, que sobre las de $ 500 mil.
El déficit de la Caja alcanzará este año a $ 821 mil millones, según proyecciones oficiales. El aporte obligatorio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se limitará a $ 100 mil millones.
No sólo es necesario atender una cuestión de racionalidad en el pago de los haberes, sino que el enorme déficit puede conducir a una situación de quiebre o de inevitable traspaso a la Anses, lo que provocará un mayor deterioro en los futuros ingresos de los jubilados provinciales.
Una mirada objetiva sobre esta crítica situación aconsejaría una corrección en cuanto a los distorsiones en los pagos de los distintos sectores cubiertos por el ente previsional.
Una visión más amplia sugiere la necesidad de encontrar soluciones de fondo para que los casi 118 mil jubilados y pensionados actuales y los futuros beneficiarios gocen de un sistema sustentable, que contribuya a la paz social.
