Corrupción. La mora judicial y el riesgo de impunidad

La lentitud intencionada en la administración de justicia es una insidia que sólo pueden consumar los tribunales.

La mora en la que suelen incurrir jueces y fiscales a la hora de investigar a funcionarios o a exfuncionarios en causas en las que hay sospechas fundadas sobre la transparencia de sus acciones en el ejercicio del poder se ha transformado en un tópico recurrente en el debate público.

Esa persistencia obedece a una preocupación social legítima, tras la experiencia de décadas observando casos de corrupción.

El caso de Martín Insaurralde, quien fue intendente de Lomas de Zamora, diputado nacional y luego jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires, es uno de los más recientes. Insaurralde es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, resolvió prohibirles la salida del país y restringir su libertad ambulatoria a Insaurralde y a su exesposa, la modelo Jesica Cirio, aunque desestimó un pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Sergio Mola. Las restricciones migratorias les han sido aplicadas también a la modelo Sofía Clerici y a algunos familiares directos de Insaurralde.

La diversidad de involucrados tiene relación con dos escándalos diferentes protagonizados por Insaurralde.

En septiembre de 2023, mientras Insaurralde coordinaba el gabinete bonaerense, en medio de una crisis económica caracterizada ese mes por una inflación mensual de 12,7% e interanual del 138,3%, se difundieron imágenes del entonces funcionario gozando de un descanso con la modelo Clerici en un yate de lujo bautizado como "Bandido", en el mar Mediterráneo.

El estrépito forzó la renuncia de Insaurralde a su cargo en la gobernación de Axel Kicillof.

Tres años después, otras imágenes sacudieron a la opinión pública. Esta vez por la exhibición, por parte de la modelo Jesica Cirio, de fajos de dólares en un volumen que a simple vista permite presumir cifras millonarias, prolijamente guardados en un vestidor de su casa, en tiempos en que la habitaba junto con Insaurralde.

Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación iniciaron el análisis patrimonial sobre los bienes de Insaurralde, Clerici y Cirio. Se espera la entrega del informe para el próximo 17 de julio.

Mientras esto sucede en el fuero federal, en la Justicia bonaerense hay un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini.

A Baccini se lo acusa de haber maniobrado para dilatar la investigación de licitaciones públicas preparadas para favorecer a proveedores afines a Insaurralde. Una auditoría había detectado la existencia de cajas con un kit de licitaciones en blanco, prearmadas para favorecer a empresarios cercanos al exfuncionario.

El fiscal Baccini mandó a archivo las actuaciones. Niega haber ocultado el expediente al fiscal federal que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde.

El pedido de jury lleva 10 meses sin avances.