Ciudad de Córdoba. "La Mole", años de desidia administrativa
Los problemas de salud y de seguridad que pueden generarse cuando un grupo de ocupas se instala en una propiedad abandonada empiezan mucho antes. Derivan de la demora de funcionarios ejecutivos y judiciales que deberían actuar a tiempo.
Durante muchos años, el recién desalojado edificio inconcluso en la esquina de bulevar San Juan y Calasanz, en barrio Observatorio, muy cerca del Centro de la ciudad de Córdoba, fue conocido como "La Mole" o "El Elefante Blanco". Su estado de abandono es el testimonio perfecto de que hay quienes hacen lo que quieren y quienes no se enteran o fingen no enterarse. También muestra que quienes administran la capital de la provincia y quienes imparten justicia actúan sin apuro alguno: nada menos que 14 años en este caso particular.
El desalojo de 19 personas ordenado esta semana por la Justicia parece haber cerrado –por el momento– una parte de la historia. Pero no tanto como para soslayar la cadena de irresponsabilidad, inoperancia e indiferencia que condujo a este desenlace: insalubridad, inseguridad pertinaz y largamente denunciada, y el ejercicio de una burocracia cuya lentitud salta a la vista no bien uno revisa las fechas en el almanaque.
Claro que en medio de todo eso había y hay gente. Personas, sin importar su condición ni credo, tal vez alguno con prontuario, todos desposeídos, caídos del sistema, desclasados, abandonados y olvidados. Aislados socialmente por el peor de los estigmas: la pobreza.
En algún momento, hace 14 años, alguien en la administración del por entonces intendente Ramón Mestre reparó en que la construcción de la constructora Edilicia Suez tenía dos pisos de más y balcones fuera de norma.
Desde ese momento, comenzó un culebrón lamentable que involucró a sucesivas gestiones municipales nada diligentes a la hora de circunscribir el problema, una empresa quebrada y un consorcio propietario sin lucidez o ganas de solucionar nada, mientras el expediente se iba engrosando y se arrastraba por los despachos.
La miseria y el oportunismo hicieron el resto, y aparecieron los ocupantes ilegales, las denuncias de los vecinos y la frustración de casi todos.
Si bien la causa contra el titular de la empresa fue elevada a juicio, ningún funcionario responsable fue investigado o procesado por las manifiestas anomalías que se sucedieron a lo largo de estos años. Ahora, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, confirmó que tapiarán el edificio.
Estas cosas no deberían suceder en una ciudad que suele enorgullecerse de su condición de segunda urbe del país. Pero suceden: basta recordar la caída del lateral de otro edificio sobre el mismo bulevar San Juan y el derrumbe de una cochera por el accionar de una constructora en barrio General Paz. Son sólo botones de muestra de una serie de anomalías producidas por quienes apuestan a que, tras el abuso de las normas, viene la excepción.
Los problemas de salud y de seguridad que pueden generarse cuando un grupo de ocupas se instala en una propiedad abandonada empiezan mucho antes. Derivan de la demora de funcionarios ejecutivos y judiciales que deberían actuar a tiempo.
