Precios. Moderar costos del gas en garrafas

La desregulación de la comercialización del gas en la Argentina, que el Gobierno nacional puso en vigencia en 2025, repercutió de manera negativa en los presupuestos de miles de familias que residen en zonas donde todavía no llegó el servicio de red domiciliaria; una población compelida a recurrir a la tradicional garrafa.

Es cierto que la mencionada desregulación fue a gran escala, con la quita de subsidios y con fuertes incrementos en las facturas que llegan cada mes por el consumo de red. En síntesis, conectados o no al sistema, nadie ha quedado a salvo del repliegue del Estado en la función de fijar precios de referencia, lo que deja todo a merced del mercado. Una medida que cosechó tanto críticas como respaldos en el arco político.

Como dimos cuenta días atrás en alusión a la situación que atañe a la provincia de Córdoba, existen zonas de enorme concentración habitacional donde el gas envasado es esencial para las tareas domésticas de cada día, como cocinar, calentar agua y calefaccionar los ambientes durante los rigores del invierno, entre otras utilidades.

Pero el tema económico nunca deja de ser un factor determinante en muchos hogares. Vale poner como ejemplo familias residentes en zonas del Gran Córdoba sin acceso a la red domiciliaria, que dependen de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, cuyos importes oscilan entre $ 17.000 y $ 23.500. Sin embargo, el mayor incremento se verifica en los tubos de 45 kilos, que, puestos a domicilio, pasaron de $ 54.000 a $ 80.000.

A diferencia de otras ciudades del interior cordobés adheridas a cooperativas, en localidades de las Sierras Chicas como Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, el negocio está en manos de comerciantes particulares, lo cual gravita en los costos.

Siempre en relación con los cilindros de 45 kilos, durante los últimos 12 meses se registraron subas de más del 100%, una carga pesada para las familias de mayor consumo.

Las políticas desregulatorias y de variación de precios no pueden caer siempre sobre las espaldas de los usuarios. Un fenómeno que se reitera en los esquemas tarifarios del gas natural, de la energía eléctrica y del agua potable, entre otras acreencias a cargo del cliente que muestran alteraciones constantes, las que llegan a superar los índices de inflación.

Se estima que en la provincia de Córdoba el 40% de la población se abastece de gas envasado y que en ese contexto miles de familias provienen de sectores empobrecidos.

La ausencia estatal y la luz verde que dan los entes reguladores de servicios públicos a las solicitudes de incrementos que elevan las empresas concesionarias van casi siempre a contramano de las urgencias ciudadanas.

Habrá que entender que por debajo de la comercialización del gas a los grandes usuarios comprendidos en el ordenamiento industrial y energético, habita una franja de la población a la que el Estado no puede dejar a la intemperie.