Transparencia. La manipulación de las fechas electorales

Desde la restauración democrática de 1983, todo nuestro sistema de convivencia está construido sobre un cimiento insustituible: elecciones libres, limpias y justas para que los ciudadanos expresen sus preferencias políticas al elegir sus gobiernos.

Lo opuesto a ese fundamento primario es la manipulación de instrumentos que puedan socavar la integridad electoral y desvirtuar el principio de soberanía del pueblo.

La consolidación del régimen político representativo, republicano y federal que ordena nuestra Constitución nacional ha sido, desde 1983 hasta la fecha, nuestro avance institucional más relevante.

Pese a la esperable rispidez que suele alentar lo agonal de todo debate político, ninguna de las elecciones nacionales ha sido objetada, con razones comprobables, por la utilización de mecanismos fraudulentos.

Pero la transparencia de nuestro sistema político continúa siendo un desafío y una construcción pendiente.

Han persistido en niveles subnacionales –pero también con intereses nacionales en juego– muchas prácticas que todavía riñen con los principios de transparencia electoral, o que los eluden con el falso pretexto de la configuración federal del régimen de gobierno o la autonomía que la norma constitucional instruye respetar para los municipios.

Uno de los instrumentos cuyo uso indiscriminado puede incurrir en el riesgo de ensombrecer la transparencia de los procesos políticos es la manipulación de los calendarios electorales.

Se trata de una táctica de conveniencia conocida: cuando el partido gobernante altera, posterga o adelanta las fechas de los comicios para obtener ventajas injustas o desarticular a la oposición.

Esa es la descripción que para ese tipo de maniobras establece la organización Transparencia Internacional, al advertir que la alteración de los cronogramas afecta gravemente la equidad de las contiendas democráticas.

Los métodos de manipulación del calendario electoral incluyen tanto los adelantos estratégicos de la fecha de los comicios como su postergación arbitraria.

En el primer caso, los oficialismos convocan a elecciones anticipadas para especular con los momentos de aprobación de la gestión y restar tiempo a sus adversarios para las tareas imprescindibles de organización, definición de su oferta electoral y financiamiento de su actividad de campaña.

La dilación de las fechas electorales, en cambio, es un recurso que suelen usar los gobernantes para ganar tiempo en el poder y diluir los recursos políticos y económicos de sus adversarios.

Tanto el adelantamiento especulativo como la postergación arbitraria son fuentes de incertidumbre electoral que desgastan la confianza ciudadana en el sistema político, provocan efectos disruptivos en la dinámica económica y afectan la integridad del proceso constitutivo de la voluntad popular.

Que se haya normalizado la especulación facciosa de los gobernantes en la administración de los calendarios electorales no es una condición fáctica que deba ser admitida con resignación por la ciudadanía.

Todo lo contrario: debe conducir a una legítima demanda republicana para que esa especulación cese cuanto antes como factor de incertidumbre e inequidad política.