Editorial Ley de talles: es hora de frenar la exclusión
El vacío legal y la falta de voluntad política impactan en personas sometidas a no hallar indumentaria para sus cuerpos. Hay leyes, pero no se reglamentan.
Vestirse es un derecho vinculado con la dignidad y la expresión de la propia identidad. No obstante, en Córdoba este acto tan simple se vuelve un calvario para miles de personas que no encajan en los cánones de belleza que impone el mercado.
La promesa de la diversidad corporal es una deuda que persiste y que se refleja en las vidrieras.
Recorrer los comercios del Centro o de Nueva Córdoba permite observar esa realidad: no existen pantalones que superen el talle 44 en la mayoría de los locales.
En las estanterías predominan los denominados “talles únicos” o prendas con etiquetas de talle grande que, al verificar sus medidas, corresponden en verdad a talles medios.
Un informe de la organización AnyBody destaca que más de la mitad de las 5.100 personas encuestadas sufre serios problemas para hallar ropa de su medida.
Los datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial revelan que una mujer argentina promedio posee 87 centímetros de cintura y 100 de cadera.
Sin embargo, para muchas marcas, estas dimensiones ya representan el límite superior de su oferta o, de forma directa, no figuran en sus catálogos.
Esta situación ocurre bajo el amparo de la desidia de quienes deben legislar y controlar. Córdoba cuenta con la Ley 10.302 desde 2015, que obliga a los comercios a fabricar y ofrecer indumentaria en todos los talles de acuerdo a las medidas antropométricas.
El texto original otorgaba un plazo de180 días para su reglamentación, pero ya pasaron 11 años sin un solo avance.
A nivel país, la ley nacional 27.521, de 2019, corre con la misma suerte: existe en los papeles, pero su aplicación es nula.
La falta de voluntad política impide que estas normas se transformen en una realidad.
La escasez de opciones no es sólo un dilema de telas o costuras; es un sistema de exclusión que deja cicatrices en la salud mental.
La imposibilidad de encontrar ropa afecta la autoestima y la construcción de la propia imagen.
Entrar a un probador se transforma en una experiencia traumática que refuerza la falsa idea de que el cuerpo es el que está fallado y no el sistema de producción.
Según expertos en psicología, este desierto de talles favorece el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. La industria define qué cuerpos son deseables y cuáles no, lo que genera un castigo social hacia la diversidad.
Es hora de que las autoridades dejen de ignorar este reclamo de ciudadanía básico.
La vestimenta no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho para cada habitante.
Los gobiernos provincial y nacional deben cumplir con la reglamentación y el control de las leyes vigentes.
El mercado debe adaptarse a los cuerpos de las personas y no al revés. La deuda persiste, y el costo de esta demora se paga con la salud y la afectación de miles.
