Economía. La inflexible postura del Gobierno en política económica
El recorte del gasto público y la dura política monetaria benefician las inversiones en ciertas regiones, pero los grandes centros urbanos requieren de cambios en esos parámetros para superar la crítica coyuntura.
Con sus palabras y en los hechos, el Gobierno nacional ratificó que su principal objetivo sigue siendo la desaceleración de la inflación, para lo cual todas las políticas, incluida la monetaria, se ajustarán en esa dirección.
Si bien la baja de los precios fue una promesa electoral y un logro de los primeros meses de gestión, trastrocado desde mayo de 2025, la convalidación de esa meta se produce ahora en una difícil coyuntura.
Los precios se desaceleraron en abril, luego de 10 meses consecutivos de suba en relación con el registro de 1,5% de un año atrás.
El consenso de economistas y de consultoras privadas prevé que la inflación de este año rondará el 30%, lo que triplica la previsión del Presupuesto 2026, de sólo 10,1%.
Ante ese panorama, Javier Milei y el equipo económico apuestan a cumplir con la promesa electoral, aunque ese objetivo –esencial para un crecimiento sostenido en el tiempo– suponga un alto costo político en el actual contexto.
El ajuste de gastos superfluos o descontrolados sigue siendo indispensable en todas las jurisdicciones. Pero es innegable el alto costo social cuando afecta partidas para educación, salud e infraestructura, que en conjunto implican casi tres billones de pesos en partidas presupuestarias.
Aunque también en esas áreas suele haber gastos desmedidos o mal gestionados, en general la “motosierra” fiscal supone en estos casos desatender programas educativos y mejoras en la salud y también condicionar el desarrollo de diversas regiones.
El Gobierno insiste, con razón, en que el superávit fiscal es la piedra angular para evitar que el exceso de pesos aliente la inflación.
Al mismo tiempo, lleva a la práctica un apretón monetario que supone la reprogramación total de la deuda en pesos que vence cada mes.
Las colocaciones de deuda en dólares no resultan atractivas dada la estabilidad o el retroceso en la cotización de la moneda norteamericana.
Todas estas medidas, en particular las monetarias, suponen un escenario de ajuste en el gasto público y en la restricción de pesos en el mercado local.
En forma paralela, el Gobierno confía en que la caída del riesgo país, por debajo de los 500 puntos básicos en relación con los intereses que pagan los bonos, alentará las inversiones.
Ese escenario sólo es visible en lo que se denomina “la economía cordillerana”, es decir, en las inversiones que se destinan a las explotaciones de litio, de cobre, de oro, de gas natural y de petróleo.
La riqueza minera se asienta próxima a la Cordillera de los Andes, mientras que los yacimientos instalados en Vaca Muerta sobresalen en la producción de hidrocarburos.
El recorte en el gasto, la restricción monetaria e inversiones localizadas en determinadas zonas colocan en una difícil coyuntura a la industria, al comercio y a la construcción en los grandes centros urbanos.
De allí la importancia de encontrar políticas y mecanismos que estén por encima de los parámetros oficiales, que en algunos casos dejan fuera del crecimiento y del bienestar a millones de argentinos.
